Colectivos de emigrantes retornados han anunciado este martes que seguirán en la calle, con movilizaciones, "peleando" contra la aplicación con efecto retroactivo de la norma que les obliga a tributar en el Estado español por las pensiones que percibieron como consecuencia de sus años de trabajo en el exterior. Al respecto, la Consellería de Facenda se ha limitado a apuntar que están "en su perfecto derecho" de llevar ante las autoridades competentes esta reivindicación.

De esta forma se han pronunciado ambas partes, emigrantes retornados y la conselleira Elena Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación después de una reunión de más de dos horas en el complejo administrativo de San Caetano, en las dependencias de Facenda, para analizar el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes por el cual el Ministerio de Hacienda da seis meses a los jubilados con pensiones del extranjero para regularizarlas sin sanción.

Tanto Maruchi Álvarez, portavoz de la asociación de pensionistas retornados de O Morrazo, primero; como Lois Leirós, de la coordinadora nacional gallega de emigrantes retornados, después, han coincidido en valorar dicho anuncio como "un avance", aunque han reclamado "información más concreta", puesto que carecen "de la letra pequeña"; que se haga "de oficio" la devolución de las sanciones, las multas y los intereses de demora y el reconocimiento de las incapacidades, en su caso; y que la aplicación de la ley "no tenga carácter retroactivo".

"No queremos el efecto retroactivo. Vamos a seguir peleando por eso. Queremos tributar desde el momento en que tenemos conocimiento", ha resumido Álvarez, a las puertas de la consellería, donde ha aseverado que "el único responsable" en esta problemática fue la Administración, que no dio "información previa".

"maniobra política"

Asimismo, esta portavoz ha calificado de "maniobra política" la medida, ante la proximidad de las elecciones municipales el año que viene, y ha advertido a los representantes políticos "que no vengan ahora a quedar bien" ya que el "daño moral y económico" ya está hecho y existen "secuelas que no se pueden recuperar". "Sabíamos que teníamos derecho y si lo hicieron ahora es por interés político", ha incidido.

A continuación ha comparecido ante los periodistas la conselleira del ramo, Elena Muñoz, quien ha destacado que, con la modificación adoptada por el ministerio de Cristóbal Montoro, "la principal reclamación que tenían los afectados, que era no ser tratados como defraudadores, está cumplida". "Estarán tratados igual que el resto de pensionistas gallegos", ha reivindicado.

"contacto permanente"

Preguntada por cómo se llevará a cabo la regularización de las pensiones, ha apelado al trámite parlamentario y ha garantizado estar "en contacto permanente" con la Agencia Tributaria estatal, para que los emigrantes retornados sigan "teniendo el apoyo de la consellería y la Axencia Tributaria de Galicia". "Hablaremos con la Agencia Tributaria para coordinar cómo va a ser ese procedimiento y hacerlo lo más sencillo posible para todos los afectados", ha asegurado.

Así, cuestionada sobre su rechazo a los efectos retroactivos de la norma, se ha limitado a constatar que "ellos tienen otros planteamientos ahora que entienden que son válidos" por lo que entiende que "están en su perfecto derecho de pedir lo que estimen oportuno". "Nosotros lo que hicimos fue pedir para ellos la no consideración de defraudadores. Con la eliminación de multas sanciones e intereses de demora quedan en la misma situación", ha reiterado.

"sigue la discriminación"

Por su parte, Leirós, ya una vez se hubieron desplazado hasta el local de la Asociación Marusía, ha comentado que solicitaron a la conselleira "detalles", pero esta les dijo que todavía no dispone del texto aprobado por Hacienda.

Asimismo, le trasladaron la petición de que la devolución de las sanciones, multas e intereses de demora se haga "de oficio", debido a las dificultades que pueden tener las personas para realizar trámites a tal efecto; que la aplicación de la ley no tenga carácter retroactivo y que se cambie la ley 35/2006 de modo que las pensiones de los retornados "tributen igual que las del resto de los gallegos", puesto que, según ha resaltado, "sigue la discriminación, con una mayor presión fiscal" para ellos.

A mayores, le han demandado a Facenda la elaboración de un informe para remitir a Montoro en el que se demuestre que, "a idénticas cantidades, existen tributaciones distintas"; y que medie para que el ministro les reciba.