Es el sistema por el cual el Estado redistribuye recursos económicos entre las diferentes comunidades autónomas atendiendo a criterios diversos, como la población, el nivel de renta o las competencias asumidas por cada una de ellas.

 

 

Existen dos modelos: el régimen foral, que se aplica en el País Vasco y Navarra; y el régimen común, para el resto de las comunidades, aunque, dentro de este grupo, Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas.

 

 

Las Haciendas del País Vasco y Navarra recaudan todos los impuestos (incluidos los estatales), tienen una amplia capacidad normativa sobre ellos y anualmente ‘pagan’ al Estado una parte de la recaudación –el llamado cupo– por los servicios que éste presta en sus territorios (justicia, Policía, empresas públicas, etc.), que se valoran de común acuerdo entre cada una de estas comunidades y el Gobierno central.

 

 

Se basa en la redistribución de la recaudación de los impuestos a las comunidades, incluye la financiación de la sanidad y los servicios sociales, incrementa la capacidad normativa de las autonomías sobre algunos impuestos (para poder modificarlos) y abre la Agencia Tributaria estatal a la participación de las autonomías.

 

 

Hay diversas variables y ponderaciones. La principal es la población, ya que representa el 94% en el cálculo de lo que deben percibir las autonomías con competencias comunes. También se tienen en cuenta la superficie (4,2%), la dispersión de la población (1,2%) y, finalmente, la insularidad (0,6%) en el caso de Canarias y Baleares.

 

 

Por un lado, de la recaudación total de los impuestos autonómicos propios –sucesiones y donaciones, sobre el patrimonio, de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, matriculación, venta minorista de carburantes (o céntimo sanitario), electricidad y tasas sobre el juego. Por otro, tienen una participación en los ingresos procedentes de impuestos estatales: el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales (gasolina, alcohol y tabaco). El impuesto de sociedades queda excluido. Además, se establecen una serie de fondos compensatorios atendiendo a las competencias asumidas por cada comunidad y a sus necesidades de recursos.

 

 

No. Tan sólo tienen capacidad para subir o bajar los que son propiamente autonómicos (excepto el de electricidad), y pueden actuar sobre el tramo del 33% del impuesto de la renta que tienen cedido. En el resto, la capacidad normativa corresponde al Estado.

 

 

Existe un fondo para las comunidades con una renta per cápita inferior a la media y otro para compensar la poca densidad de población (inferior a 27 habitantes por km2) o la escasa superficie territorial (menos de 50.000 km2).

 

 

La balanza fiscal es la diferencia entre los beneficios o los ingresos que una comunidad recibe del sector público estatal en su territorio y el volumen de recursos que el Estado obtiene de esa comunidad para financiar el gasto público global. Cuando los segundos superan a los primeros, se habla de déficit fiscal.

 

 

PSC-ERC-ICV: El tripartito catalán propone que la Generalitat recaude todos los impuestos a través de una agencia tributaria propia –coordinada con la estatal– y ceder el 50% de la recaudación al Estado.

 

Gobierno: Rechaza porcentajes sobre la aportación de Cataluña al Estado, quiere que la financiación esté fuera del Estatut y exige que cualquier acuerdo debe ser extensible al resto de las autonomías.

 

CiU: Pide que la agencia tributaria catalana sea independiente (no coordinada con la estatal) y no se fije un límite (como el porcentaje del 50%) sobre la recaudación tributaria que se queda Cataluña.

 

PP: La dirección nacional rechaza la reforma si no es por un acuerdo unánime de todas las autonomías. Aun así, el PP catalán defiende la necesidad de una mejora de la financiación. En Baleares pide para las islas cualquier mejora que se conceda a Cataluña.