La Diputación Permanente del Parlamento, órgano encargado de velar por la actividad parlamentaria en periodo de vacaciones, ha convalidado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A se ha abstenido, el decreto-ley que aprobó el Consejo de Gobierno la pasada semana para fomentar el empleo entre los mayores de 30 años y parados de larga duración.

El decreto ley no se tramitará como proyecto ley, como había pedido el PP-A, por la oposición de PSOE-A e IULV-CA.

Mediante este decreto-ley se aprueba el Programa Emple@30+, una iniciativa dotada con 106 millones, que recoge un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre la población de más de 30 años y con la que la Junta prevé crear entre 15.000 y 20.000 empleos, según ha explicado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en su comparecencia ante la Diputación Permanente.

Ha apuntado que este programa, que seguirá pautas similares a las de los vigentes planes contra el paro juvenil, incluye una nueva línea de incentivos a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la contratación en proyectos sociales, entre otras medidas.

En el turno de pronunciamiento de los grupos, el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, ha empezado su intervención criticando que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no comparezca en el Parlamento y se "esconda" ante los problemas de esta comunidad, como es el desempleo. Se ha mostrado seguro de la propia Junta sabe que este decreto, que solo busca la "propaganda", no va a solucionar los problemas de desempleo en la comunidad, porque el problema está en la forma que tiene el PSOE de entender la política, basada en la "confrontación permanente" y en tirar la pelota a otro tejado.

Ha denunciado que el Gobierno andaluz está "desmantelando" la política de empleo en esta comunidad, "cargándose desde 2012, 18.000 empleos públicos", y ha indicado que Díaz es la responsable de no tener ese "coraje" necesario para abordar las reformas que se necesitan. Ha insistido en que el Ejecutivo autonómico solo se limita al "parcheo" y los propios sindicatos están diciendo que este tipo de decretos no van a dar resultados porque solo llevan a empleos "precarios y contratos basura". Ha pedido a la Junta que se aclare y "ordene sus políticas de empleo" después de "tanto decreto parche" y que tome medidas como la bajada de impuestos en la comunidad.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha puesto el acento en que iniciativas de este tipo solo se ponen en marcha en Andalucía, porque el resto de comunidades no están aprobando instrumentos similares para posibilitar la creación de empleo en la medida de sus posibilidades. Ha recalcado que la Junta, con mucho esfuerzo y con la maximizacion de los escasos recuso de que dispone, está haciendo lo que le corresponde en responsabilidad al Gobierno central, cuyas medidas están siendo un "absoluto fracaso".

Ha recalcado que el Gobierno nacional ha decidido "no cumplir con sus obligaciones con las comunidades autónomas" y la foto real es que se ha llevado por delante las políticas activas de empleo o la inversión pública y se ha limitado a poner en marcha una política fiscal que va a cercenar aún más la capacidad del Estado para impulsar una auténtica planificación económica que derive en la creación de empleo y la generación de riqueza. Ante ello, según ha señalado, la Junta ni se ha cruzado de brazos ni está "parcheando", sino que está tratando de resolver la situación de miles de parados andaluces con medidas eficaces.

El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha señalado que este decreto continúe en la línea de dotarnos de instrumentos eficaces para hacer posible la generación de empleo en la comunidad y ha valorado que sitúe a los ayuntamientos andaluces como "piedras angulares" de la creación de empleo, algo que no tiene antecedentes en otras comunidades, y que reconozca la labor del tercer sector. Ha pedido que se afine más en el decreto en lo que se refiere a los pagos.

Castro ha aprovechado para expresar su preocupación por que

Andalucía, a pesar de ser la comunidad que tiene más problemas históricos con el desempleo, venga sufriendo un recorte sistemático de las políticas activas de empleo y "la marginación" por parte del Gobierno central, al negarse a dotarla de un plan extraordinario de empleo.

El Programa Emple@30+ incluye dos grandes líneas de ayudas: la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro. Ambas estarán cofinanciadas con fondos europeos.

Como personas destinatarias de las ayudas previstas, el decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años inscritas como demandantes de trabajo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.