El secretario regional de Estudios y Asesoramiento Jurídico de CC.OO, Carlos Castedo, ha asegurado este viernes que si la Junta de Castilla y León no eleva su previsión de techo de gasto para el Presupuesto regional de 2015 en "al menos 250 millones de euros" tendría que, o bien actuar sobre la fiscalidad regional, o sobre el gasto con nuevos recortes en servicios públicos.

El representante sindical ha detallado, junto al secretario de Organización y Comunicación, Luis Fernández Gamazo, las propuestas del sindicato para que la reforma fiscal que prevé aprobar el Gobierno "permita desarrollar el potencial que tiene esta sociedad".

Carlos Castedo ha puntualizado que aunque las modificaciones afectan principalmente a los tramos estatales de los distintos impuestos, se podría trasladar una propuesta "muy similar" al tramo regional en Castilla y León, con decisiones sobre el IRPF o sobre las bonificaciones fiscales. De hecho, ha planteado esta actuación como una medida para evitar nuevos recortes en servicios públicos.

Castedo ha especulado con que la Junta debería elevar el techo de gasto para 2015 —que se dará a conocer próximamente— en al menos 250 millones de euros con respecto a los 8.614 que se fijaron para el ejercicio actual en función del cálculo que realiza con una supuesta previsión de crecimiento del PIB nominal (crecimiento real más aumento de los precios) del 3 por ciento en 2015.

De lo contrario, ha advertido, "difícilmente van a poder mantenerse los servicios públicos". Para ello, si no se incrementa el techo de gasto, se debería aplicar esas modificaciones fiscales para compensar el recorte de gasto con más ingresos por vía de la fiscalidad.

En cuanto a la propuesta que plantea el sindicato, recoge una serie de medidas fiscales que podrían aportar 6.053 millones de euros más en ingresos —un 0,58 por ciento del PIB—, si bien Castedo y Fernández Gamazo han lamentado que una reforma con estas implicaciones se vaya a aprobar "con nocturnidad" por vía de reales decretos y "sin un mayor grado de consenso".

Castedo ha reiterado la posición de CC.OO. sobre las propuestas del Ejecutivo central, que incide principalmente en que va a "discriminar los ingresos públicos" por vía de la fiscalidad y que va a "favorecer las rentas del capital por delante de las rentas del trabajo".

Aunque han destacado el hecho de que el Gobierno, tras las reuniones con los agentes sociales y económicos accedió a renegociar la criticada tributación por las indemnizaciones por despido superiores a 2.000 euros, Castedo ha subrayado que en lo relacionado con el Impuesto de la Renta, la reforma seguirá favoreciendo a las personas con más ingresos.

Menos bonificaciones fiscales

En este sentido, ha apuntado que CC.OO. apuesta por que los ingresos de rentas de capital tengan "la misma tributación" que las rentas del trabajo o que se reduzcan las bonificaciones fiscales, que también favorecen a las rentas más elevadas y que en 2012 supusieron al Estado dejar de ingresar 1.841 millones de euros.

Asimismo, destacan las propuestas de "lucha contra el fraude", un ámbito en el que el Gobierno "no dice nada" en su reforma. En este sentido se debería "aumentar efectivos y dar más competencias a la Agencia Tributaria", fortalecer la legislación contra el delito fiscal o modificar la tramitación de las denominadas Sicav.

En otros impuestos, como el de Sociedades, se insiste en limitar también las bonificaciones fiscales a las empresas, que según CC.OO. pueden compensar las declaraciones alegando bases imponibles negativas de cualquier ejercicio anterior.

En cuanto al IVA, ha explicado que el sindicato pretende que "lo importante" no sea el tipo que, ya de por sí consideran "suficientes" por estar en la media de los más altos de Europa, sino "qué cosas van en cada tipo". Así, CC.OO. plantea que los alimentos tengan tipo superreducido que, no obstante, podría incrementarse de 4 a 5 por ciento; y que la energía tenga un tipo propio del 10 por ciento.

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