El concejal de Movilidad y presidente del Instituto Metropolitano del Taxi, Eduard Freixedes, ha asegurado que la empresa Uber sabe que "tiene los días contados en Barcelona". Lo ha dicho durante Comisión de Seguridad y Movilidad que se ha celebrado este jueves, donde ha añadido que "el único final" por esta empresa es que "dejará de operar en nuestro país".

Freixedes ha remarcado que, de la actuación conjunta de todas las administraciones, "sólo hay un final, que será menos rápido de lo que querrían los taxistas". El regidor considera que en el marco normativo vigente un servicio como el de Uber "no tiene cabida porque no es legal". "Hay que dejar claro que todas las administraciones trabajamos porque este final sea posible", ha agregado.

El edil ha añadido que no se puede asociar un servicio como el de Uber a las Smart Cities, puesto que "una ciudad inteligente es aquella que no precariza sus puestos de trabajo, y Uber está precarizando los puestos de trabajo". Además, ha alertado de que este servicio deja los consumidores "sin derechos", a diferencia de cuando se coge un taxi. Por ejemplo, los clientes del taxi están cubiertos por un seguro pero no los usuarios de Uber.

"Tenemos que tener claro que no es ninguna innovación más o menos simpática, es una multinacional que está trabajando con personas que precariza las condiciones de trabajo, que no ofrece garantías a los consumidores", ha concluido. En su opinión, "no es un tema gremial, sino de garantizar los derechos de todos".

Hasta su prohibicón, la Guardia Urbana tiene la orden de actuar como si se tratara de un caso de intrusismo al sector del taxi, por lo que ya ha empezado a aplicar algunas sanciones. Los clientes se pueden exponer a sanciones de hasta 5.000 euros y a la inmovilización del vehículo hasta que desaparezcan las causas que han motivado la denuncia.

En concreto, se exponen a una sanción de 500 euros por conducir un vehículo en servicio de transporte público sin tener el correspondiente carnet de conducir; a una multa de otros 500 euros por circular incumpliendo las condiciones de autorización administrativa, y a otra de 4.000 euros para realizar un transporte público discrecional de viajeros en vehículo de hasta 9 plazas a falta de de copia certificada.

La empresa defiende que la prohibición de "nuevos modelos de consumo colaborativo" es una solución fácil que el único que comporta es una reducción de la oferta para el consumidor. En este sentido, ha reivindicado que la economía colaborativa ofrece ventajas indudables puesto que supone incrementar la competencia en el sector. Uber también señala que su servicio ya funciona en 140 ciudades de todo el mundo de 40 países y constata que desde que se puso en funcionamiento en Barcelona, ha habido una "excelente" respuesta de los ciudadanos.

El general manager de Uber en Barcelona, Carles Lloret, afirma que la decisión del Gobierno municipal no es "final, definitiva o vinculante" y remarca que hay un "diálogo abierto constando" con todos los reguladores. Además, ha animado el Ejecutivo catalán a "actualizar la regulación" para adaptarla a la era smartphone. Mientras tanto, asegura Lloret, Uber continuará apoyando a los conductores asociados y dando servicio a los ciudadanos de Barcelona.