La conselleira de Traballo de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, cree que, en el criterio de reparto del fondo anunciado por el Estado para combatir la pobreza en la infancia, "tiene que tenerse en cuenta" el tamaño y la población y no solamente el índice de pobreza de cada Comunidad Autónoma, como plantea el Gobierno.

"Creo que hay una variable que tiene que tenerse en cuenta, que es el tamaño y la población", ha afirmado a su salida del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, añadiendo que el sistema de reparto "tiene que ir ponderado a la población y a la tasa de pobreza" de cada comunidad.

En esta línea, ha manifestado que diversas comunidades autónomas han hecho "una petición expresa" al Ejecutivo central "para que en los próximos repartos tenga en cuenta no sólo la tasa de pobreza sino también la población". No obstante, la conselleira cree que este año no habrá cambios en el criterio de reparto de este fondo.

Según ha explicado, atendiendo al sistema de reparto que ha planteado el Gobierno —en función de la tasa de pobreza—, "Galicia es la sexta Comunidad Autónoma con la tasa más baja", y por este motivo, ha asegurado que a su región se le otorga "725.000 euros" de los 16 millones existentes para todo el Estado.

Eso sí, ha querido destacar "el esfuerzo y el compromiso" del Gobierno central por poner "a disposición de las comunidades autónomas un fondo específico para la prevención y la atención de la pobreza": "Muestra una sensibilidad clara hacia las personas que peor lo están pasando, sobre todo en este caso, aquellas familias que tienen menores a su cargo", ha apostillado.

Ley protección a la infancia con "consenso de las ccaa"

Por otro lado, sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia, la conselleira a subrayado que "es pionera" y que "coloca a España a la cabeza de muchos países del mundo": "Es el primer país que tiene en cuenta una instrucción de la ONU, la que protege los derechos de los menores", ha matizado.

A su juicio, esta norma "pone por encima de todo" el interés de la infancia y, además, ha destacado que esta ley "nace con el consenso de todas las comunidades autónomas para reconocer los derechos y también los deberes del menor".