El expresidente de Adigsa y diputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó tras declarar ante el TSJC.
El expresidente de Adigsa y diputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó tras declarar ante el TSJC. ACN

El fiscal pide penas de entre diez años y un año y medio de cárcel para los siete acusados por las irregularidades en la empresa pública Adigsa durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol, en un caso que se destapó a raíz de la insinuación de Pasqual Maragall que CiU cobraba comisiones del 3 %.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal de delitos económicos Emilio Sánchez Ulled pide la pena más alta, de diez años de cárcel, para el entonces consejero-delegado de Adigsa Josep Antoni Fontevila, así como nueve años y seis meses de prisión para el exgerente de Adigsa Jordi Huguet y para Jordi Sala, entonces encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública, por los delitos de malversación y falsedad documental.

El caso lo destapó Pasqual Maragall con la frase: "Ustedes tienen un problema, que se llama 3 %" El fiscal también pide 5 años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, ahora titular de Empresa-, ya que era la persona sobre la que giraban todas las supuestas irregularidades, pese a no estar oficialmente contratado por Adigsa.

Investigado desde 2005

Este caso se empezó a investigar en 2005 a raíz de una querella de la Fiscalía, después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) denunciara en el Parlament el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas por parte de los anteriores gobiernos de CiU, con Jordi Pujol al frente, con la frase dirigida a la bancada convergente: "Ustedes tienen un problema, que se llama 3 %".

En este caso llegó a estar imputado el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) archivó su causa al entender que no se habían encontrado indicios de que interviniera o que ni siquiera conociera la existencia de un sistema de contratación irregular en Adigsa, debido al perfil institucional que ostentó cuando presidió esta empresa pública.

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