La coordinadora gallega de emigrantes retornados confía en que el Parlamento Europeo, a través de una denuncia presentada por el BNG ante la Comisión de Peticiones, determine que están siendo "víctimas de discriminación" en el tratamiento fiscal de sus pensiones.

En rueda de prensa, dos portavoces de esta asociación, Manuel Domínguez y Xosé Lois Leirós, han expresado su confianza en este organismo toda vez que son conocedores de que la denuncia ya fue admitida a trámite, aunque desconocen la fecha de resolución.

"Esperamos que sirva; seguiremos luchando para que cambien la ley y para que nos devuelvan nuestro dinero", ha subrayado Leirós antes de añadir que ha pasado "tiempo más que suficiente" desde que comenzaron a movilizarse para que el Gobierno español "tome cartas en el asunto", pues ven en este un problema "político".

El Estado, según denuncian, "se salta a la torera directivas europeas" relacionadas con la igualdad del contribuyente, de ahí que esperen una respuesta favorable para su reivindicación por parte de la Eurocámara.

Al respecto, se han referido a una respuesta escrita de la Comisión Europea para aclarar que "solo tenía por objeto saber si tenía previsto adoptar medidas en relación con la discriminación fiscal". "La Comisión da una respuesta que no entra en el fondo de la cuestión", han precisado.

"trato injusto y vejatorio"

La coordinadora denuncia que la legislación española "provoca que los trabajadores emigrantes retornados tengan que realizar la declaración del IRPF a partir de 11.200 euros anuales de ingresos cuando el resto de los pensionistas solo tienen que hacerla al superar los 22.000".

Critica, igualmente, que el tipo impositivo que se les aplica "sea superior, por idénticas cantidades, que a los que no tuvieron que emigrar".

En un manifiesto leído este lunes ante los medios de comunicación, los representantes de este colectivo han advertido de que, "diga lo que diga el señor Montoro, diga lo que diga la Unión Europea, la realidad es que los emigrantes retornados son víctimas de una discriminación y de un trato injusto y vejatorio".

"Nos siguen tratando como defraudadores, y seguiremos luchando para modificar esta ley, y para que nos devuelvan el dinero cobrado injustamente", proclaman, antes de mostrarse convencidos de "tener la razón" y considerar que "tarde o temprano" lograrán su objetivo.