La Xunta de Galicia advierte al Ministerio de Hacienda de que el actual sistema de financiación no garantiza la suficiencia de recursos, en su análisis remitido al departamento que dirige Cristóbal Montoro.

En su conjunto, las comunidades lamentan que los recursos que reciben a través del sistema de financiación autonómica son insuficientes en relación con el coste de servicios fundamentales como la educación o la sanidad, según exponen en sus informes sobre el actual modelo remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha elaborado un documento de síntesis, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que realiza un resumen de los análisis de las 15 autonomías de régimen común y las dos ciudades de autonomía, así como sus principales quejas y reivindicaciones.

Prácticamente todas las autonomías coinciden en advertir que el actual sistema de financiación no garantiza la suficiencia de recursos de las comunidades ni un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos esenciales, como expone la Xunta de Galicia en su análisis, que además considera que el modelo no garantiza la equidad entre autonomías.

También por ejemplo Asturias, Cantabria o Castilla-La Mancha alertan de esta falta de recursos. Para Cantabria, esto demuestra que el sistema no ha sido "equitativo y justo" porque "no se garantiza el mismo nivel de prestación de los servicios y las insuficiencias difieren de una comunidad a otra".

En este aspecto, Cataluña señala que los gastos en materia de sanidad y educación, competencia de las comunidades, a partir de 2009 retroceden y llegan a situarse en niveles anteriores a 2002, "mientras que el total de gasto público se acerca progresivamente a los niveles europeos".

Los informes revelan además la falta de acuerdo entre las comunidades sobre cómo debe renovarse el modelo de financiación. Mientras que unas autonomías como la Comunidad Valenciana o Baleares exigen que se tengan en cuenta los criterios de población, otras como Castilla y León o Galicia inciden en características como el envejecimiento o la dispersión de la población.

La Comunidad Valenciana es de hecho una de las más críticas con el actual sistema de financiación, denunciando que se encuentra "a la cola" de la financiación por habitante "habiendo experimentado además una caída de sus tributos cedidos tradicionales mucho mayor que la del resto de CCAA".

También Murcia califica el sistema de "complejo, opaco y de resultados inciertos" y censura que "perpetúa los privilegios heredados del pasado de otras regiones". Además, denuncia que durante la vigencia del actual modelo "se ha producido un descenso sin precedentes de los ingresos proporcionados a las comunidades".

Dudas sobre los regímenes forales

En este contexto, son varias las comunidades que coinciden en manifestar su desacuerdo con la actual configuración de los regímenes fiscales de País Vasco y Navarra. Son varias las autonomías gobernadas por el PP que manifiestan estas discrepancias, como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cantabria. Pero también Asturias, gobernada por el PSOE, considera que el resultado financiero de los regímenes forales constituye un privilegio "que no responde en modo alguno al mandato constitucional".

El Ministerio de Hacienda, en su síntesis, constata estas valoraciones y recoge que son varias las autonomías que denuncian que País Vasco y Navarra cuentan con menores niveles de presión fiscal, mayores competencias normativas y de gestión en el ámbito tributario y con unos niveles de financiación muy superiores a los de las comunidades de régimen común, "que algunas califican como privilegios financieros ajenos a los principios constitucionales que los sustentan".

Así, expone que algunas autonomías piden un diferente cálculo de los flujos de estos regímenes, mientras que otras sostienen que las comunidades forales deberían participar de alguna forma en los mecanismos de solidaridad con el conjunto de autonomías.

Poco espacio fiscal propio para las comunidades,

Según cataluña

Mientras, Cataluña protesta porque, a su juicio, el actual sistema ha incrementado "la disparidad" entre comunidades beneficiando a las que ya estaban por encima de la media y critica que, a pesar de disponer de "cierta capacidad" de decisión sobre algunos elementos de los tributos cedidos, las autonomías disponen de "poco espacio fiscal propio" para poder decidir sus políticas fiscales.

Pero además, denuncia que el Estado ha aumentado sus ingresos durante los últimos años en una tasa interanual superior a los de las autonomías, por lo que resulta "fundamental" restablecer el equilibrio financiero dotando a las comunidades de mayores recursos "en detrimento de los que dispone el Estado".

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