La Audiencia de Valencia acoge desde el lunes, 14 de julio, el juicio de la llamada Operación Panzer, con la que en septiembre de 2005 se desarticuló la organización neonazi Frente Antisistema (FAS), con sede en la capital valenciana, y se detuvo a 22 personas. De ellas, 18 son los acusados que a partir de la próxima semana se sentarán en el banquillo para ser procesados por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas.

El fiscal pide un total de 42 años de cárcel para los acusados, entre los que se encuentran dos militares, un concejal de Silla (Valencia) por España 2000 y el asesino confeso del joven de Burjassot (Valencia) Guillem Agulló en abril de 1993.

La Acció Popular contra la Impunitat, personada en esta causa como acusación popular y formada por distintas asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda de la Comunitat Valenciana, ha destacado este viernes, en rueda de prensa, la "extraordinaria importancia" de este juicio y la "gravedad del caso" que se juzga por "el importante arsenal de armas" que se intervino, por la "peligrosa ideología" el grupo desarticulado, así como la "alarma social creciente" que genera este asunto.

En este sentido, la acusación popular ha alertado del aumento de delitos de odio en la Comunitat Valenciana y ha censurado la "pasividad" y el "clima de impunidad" durante "30 ó 40 años" que ha existido al respecto, además de instar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los responsables políticas a asumir su "responsabilidad" y actuar para "evitar delitos violentos por cuestiones de odio" y contra el sistema democrático.

Entre los miembros de la acusación popular están Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Ca Revolta, Cear, Jarit, EUPV, Bloc y Esquerra Republicana. El PSPV ha mostrado también su respaldo a estas organizaciones. Todas estas formaciones políticas se han comprometido, como han subrayado en la rueda de prensa, a trabajar en las instituciones donde tienen representación —instituciones locales, autonómicas, central y europea— en contra de esas agresiones y de los grupos que las llevan a cabo y a presentar iniciativas en ese camino.

De este modo lo han expresado en la rueda de prensa la coordinadora de EUPV, Marga Sanz; el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià; el diputado del PSPV-PSOE en el Congreso José Luis Ábalos, y el diputado de ERC Joan Tardà, que han participado en esta convocatoria junto a otros responsables de estas formaciones. Entre las iniciativas han planteado en la Cámara Baja preguntas para conocer por qué la Guardia Civil destruyó las armas de fuego intervenidas en Panzer —aunque sí que están fotografiadas y documentadas— y EU ha propuesto que la Generalitat se persone en los juicios por delitos de odio.

El secretario de ACPV, Toni Gisbert, ha explicado que la decisión de personarse de estas entidades obedece, "no sólo a su voluntad de intervenir en el juicio" sino también a su posición "como partes afectadas" al haber sido "víctimas" de algunos de estos incidentes y a su intención de "recoger la alarma social" y de impulsar a los políticos a actuar en contra. Ha anunciado que el próximo martes miembros de la acusación popular se reunirán con la Delegación del Gobierno para abordar esta cuestión.

"mensaje positivo o negativo"

Toni Gisbert ha insistido en la "trascendencia" de la vista que se inicia el lunes y en las consecuencias que puede tener "según se desarrolle" porque puede "tener un mensaje positivo o negativo para la sociedad valenciana". "No estamos hablando de un caso cualquiera", ha expuesto, a la vez que ha mostrado la "situación preocupante" que vive la Comunitat por lo que respecta a agresiones hacia las personas por ser "diferentes".

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que ha ofrecido detalles del informe de la Guardia Civil sobre la Operación Panzer, también ha subrayado lo "significativo" del juicio porque "va más allá" ha confiado que sirva además para "aclarar detalles" sobre la fabricación y negocio de armas.

Gisbert ha indicado que durante los "últimos años" y en distintos informes se ha constatado "un incremento de incidentes y agresiones" relacionadas con "delitos de odio, por motivos ideológicos, raciales o de orientación sexual" y ha destacado que la Comunitat Valenciana se sitúa "sobre la media estatal". Esteban Ibarra ha afirmado que "el 90 por ciento de los delitos de odio no se denuncian" y ha señalado respecto a los datos que "sólo conocemos la punta del Iceberg" de este "problema".

El responsable de ACPV, ha apuntado que en 2013 en esta autonomía se estima que se registraron "400 incidentes de estas características" y ha resaltado que aunque "ha descendido el porcentaje de agresiones a bienes inmuebles —pintadas o roturas de vidrios—, ha crecido el de agresiones directas verbales y físicas" hacia las personas. Además, ha advertido de que en ocasiones estos ataques se producen en espacios abiertos y con cámaras.

No aceptar la "normalidad"

"Nuestra línea de trabajo será la denuncia de estos hechos y la exigencia a las autoridades de que este estado de excepción" en la Comunitat Valenciana "no continúe". "No vamos a aceptar que se vea con normalidad lo que no la tiene. La cantidad y el tipo de delitos advierte de que hay una situación es preocupante en crecimiento. No podemos normalizarla socialmente. Es necesario una actuación rápida y efectiva", ha expuesto el representante de ACPV.

Del mismo modo, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha invitado a "no normalizar el problema", "no banalizar" y darle la "seriedad" que merece, así como a "denunciar" los incidentes de odio. Ibarra ha subrayado que "en España hay una infraestructura neonazi considerable" y ha asegurado así que "las agresiones no son episodios aislados sino acciones contra el diferente, contra el que no se enmarca en unas ideas y en el encuadre de dominación aria" de grupos como FAS.

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