El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "engañó a la ciudadanía" en su explicación del decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; y ha indicado que han ofrecido sus 11 diputados para llevarlo al Tribunal Constitucional, apuntando que al parecer, "al menos con el PSOE hay acuerdo" para ello.

En rueda de prensa en Málaga, donde el grupo ha mantenido una reunión de trabajo, Centella ha asegurado que la vicepresidenta "quiso decirle a la gente que el decreto iba a resolver los problemas". "Y es mentira, engañó directamente a la ciudadanía y nosotros podemos demostrar punto por punto cómo el decreto que ayer aprobó el Gobierno viene a corroborar un engaño y es un espejismo", ha dicho.

"No estamos en una salida social de la crisis, sino en una salida antisocial, donde la gente está siendo cada vez más pobre, cada vez tienen menos derechos y por lo tanto, más dificultad para una vida digna", ha asegurado Centella, quien ha precisado que todos los partidos de la Cámara estaban en contra del decreto, por lo que espera que el resto de grupos se vayan sumando para llevarlo al Constitucional, porque, "más allá" de la forma de tramitarlo, "creemos que sería bueno que lo examinara".

El diputado ha señalado que "ayer vivimos una mala, triste y lamentable" jornada parlamentaria "donde el PP evidenció su desprecio al Parlamento y que el debate democrático es un trámite", reafirmándose en que el grupo "no mantiene relaciones parlamentarias con el PP en la medida en que entendemos que ha roto las reglas del juego con su apoyo a un Gobierno que abusa del decreto ley y que lo va a tramitar de una forma torticera".

Ha explicado que la tramitación de este decreto en una sola sesión parlamentaria "cuando afecta al menos a ocho comisiones es una burla al Parlamento". "Creemos que lo que el PP ha planteado de regeneración democrática y transparencia en este momento no tiene ninguna credibilidad y por tanto nuestro grupo no va a servir de comparsa para salir en una foto con la vicepresidenta del Gobierno y que luego cuando llegue al Parlamento se burla de lo que se ha comprometido", ha apuntado.

COARTADAS

Al respecto, el diputado Joan Coscubiela ha coincidido en que la vicepresidenta, "en una actuación que era un híbrido entre Rasputín, Maquiavelo y Kafka, engañó a la ciudadanía porque le explicó un decreto ley que no existe" y que es "un atentado a la democracia", utilizando "coartadas".

"Con la coartada de las reformas nos impuso un nuevo déficit de tarifa, en este caso del gas, que nos va a suponer un 800 millones de euros más a los usuarios; con la coartada del empleo juvenil, que ni garantiza empleo ni formación, avanzó en la privatización de los servicios públicos de empleo para dar negocio a las ETTS que van a sustituir a los servicios públicos de empleo", ha indicado el diputado.

Ha criticado que utilizando también esta estrategia y la defensa de la eficiencia de los servicios públicos "privatizó el registro civil y dio nuestros datos a los registradores mercantiles que sin duda no responden al interés general" y con la misma "coartada" de la eficiencia "privatizó la última de las joyas de la corona de este país, que es Aena, con un sentido claro de lo que tiene el PP de servicio público, que es negocio para sus amigos".

"Con la coartada de la racionalización de las administraciones públicas, volvió a ejercer autoritarismo centralista, quitándole competencias a las comunidades autónomas e imponiendo por la vía de los municipios turísticos", ha apuntado, insistiendo en que "la lista en larguísima" y en que la vicepresidenta "no explicó el decreto ley de 172 páginas, un verdadero atentado a la democracia, sino que nos engañó de nuevo".

Por esto, Coscubiela ha dicho que continuarán "explicando el contenido real de ese decreto ley, vamos a batallar durante julio y agosto para intentar cambiarlo", mostrándose convencido de que "vamos a demostrar que a nosotros no nos callan y no nos vencen, aunque el PP haya decidido ejercer el autoritarismo más brutal".

Ley de seguridad

Centella, por otro lado, ha asegurado que la situación se viene a "complicar aún más" con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es "un nombre sarcástico para encubrir una ley que trata de aumentar el carácter autoritario de este Gobierno, de criminalizar la protesta, de situar fuera de la ley al disidente, al que critique". Así, ha indicado que "confrontaremos democráticamente" con esta norma, al considerar que "vamos en un camino peligroso".

"Vamos en el camino de los que entienden que no es posible una salida de la crisis si no va acompañada del aumento del autoritarismo por parte del Gobierno", ha lamentado Centella, quien ha advertido de que "no es una ley aislada" y "no puede llegar a punto final, porque situaría a España en la peor calidad democrática de su historia desde el año 77". Asimismo, ha reiterado que "hay sobre la mesa peticiones de cárcel para demasiados compañeros por el hecho de protestar y participar en huelgas".

Estrategia del grupo de izquierda plural

El grupo parlamentario de Izquierda Plural se ha reunido este viernes en Málaga para poner en valor la experiencia hasta el momento en estos casi tres años, destacando que con 11 diputados "hemos dado todas las batallas y lo hemos hecho con un fuerte respaldo social, que hemos sentido", según ha asegurado Alberto Garzón. Asimismo, se ha abordado cómo se afronta el futuro "en un marco de descomposición del Estado social como consecuencia de las políticas del PP".

"Necesitamos que el pueblo tome la palabra y nosotros estamos dispuesto a hacer todo lo posible para que así sea", ha indicado el diputado por Málaga, quien ha dicho que el grupo se va a centrar, entre otros aspectos, en las políticas sociales, que "es lo que está demandando la ciudadanía", dentro del marco "de que queremos construir un nuevo país, porque el PP lo está llevando a la quiebra y al desastre social", así como "iniciar un proceso constituyente".

En este sentido, Centella ha indicado que a la ciudadanía le interesa el derecho al trabajo, a la vivienda, a una vida digna "y eso hoy confronta con una lectura de la Constitución que nos lleva a plantear ese proceso constituyente". "En la actual interpretación de la Carta Magna no cabe una salida social de la crisis", ha indicado el diputado, apuntando que "hace falta romper los moldes de esta Constitución e ir a un proceso diferente".

En cuanto a la estrategia del grupo para el próximo año, el diputado ha apostado por la necesidad de "una salida social a la crisis", siendo lo fundamental "que la gente recupere derechos". "Nos están cambiando la vida, los modelos de relaciones sociales, laborales y humanas", ha lamentado, apuntando que "vamos a intentar demostrar que es posible otra política, es posible otra Constitución y otro modelo de país".

Coscubiela, por su parte, ha destacado que el grupo responde "a la principal exigencia que tiene la ciudadanía". "Cuando todo el mundo está planteando la necesidad de confluir en una alternativa social a la crisis, nosotros en este grupo parlamentario hemos demostrado que la convergencia es posible porque la hemos practicado", ha asegurado. Ha aseverado que para el grupo el avance en los derechos sociales "va de la mano del rescate de la democracia y eso es lo que para nosotros es proceso constituyente".

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