Tras dos meses del crimen que acabó con la vida de Isabel el fiscal encargado del caso mantiene que existen "indicios suficientes" para concluir que el asesinato de la presidenta de la Diputación de León fue posible gracias "a un plan concertado" en el que participaron las tres mujeres encerradas en la prisión de Mansilla de las Mulas, según informa el diario ABC en su edición de este viernes.

Tanto Montserrat González, autora confesa de los disparos, como su hija Triana y su amiga, la agente de Policía Local Raquel Gago, "cooperaron de alguna manera" en los luctuosos hechos del pasado 13 de mayo, según Emilio Fernández. El también fiscal jefe de León aseguró a ABC que, según las pruebas analizadas hasta el momento, "cada una" de los imputadas son "responsables" con actuaciones "decisivas". Aunque recuerda que "la que disparó fue la madre", insiste en la colaboración de las otras dos implicadas.

En concreto, sobre el papel que tuvo Raquel Gago, desde la Fiscalía consideran que la agente sabía que tenía el arma en el coche mucho antes de entregarla 30 horas después del crimen y que la "pudo mover" de sitio, lo que contradice la versión que mantuvo en su declaración en la que aseguraba que halló la pistola sobre las seis de la tarde del día posterior al crimen cuando trataba de introducir una bicicleta en su vehículo.

Según publica el rotativo la creencia del fiscal se basa, por un lado, en el hecho de que es complicado que un bolso de "gran tamaño" pase desapercibido "con todo el trasiego" de la agente tras el asesinato -acudió al taller en su vehículo dos veces ese mismo día, trasladando incluso un tablón de una dimensión considerable, y realizó varios trayectos más la mañana del día siguiente-. Por otro, recuerda la declaración de una de las amigas de Raquel, que montó la misma noche del crimen en el asiento de atrás del copiloto, donde la agente mantiene que encontró el arma.

Respecto a la imputación que pende sobre las tres por un delito de homicidio -además del de atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas- el fiscal aclara que se trata sólo de una denominación genérica, pero tiene claro que prevé solicitar que se las juzgue por un delito de asesinato -más penado- cuando presente un escrito para el que aun no hay fecha.

Y es que el propio fiscal admite que es que "difícil" saber cuándo acabará la fase de instrucción, pero "calculando a ojo" prevé que el proceso podría terminar "a finales de año o a comienzo del próximo" y que el juicio como tal arrancaría "en abril o mayo, antes imposible". Sobre la duración del mismo y dado el amplio número de posibles testigos -más de una veintena han declarado ya ante la juez- cree que durará "entre veinte y treinta días".

Respecto a las diligencias que se pueden llevar a cabo en las próximas semanas prefirió no adelantar demasiado, pero sí señaló que después de que hace unos días pasaran ante el juez a declarar, entre otros, la pareja de la agente de la Policía Local implicada y la de la propia presidenta de la Diputación de León no espera que se llame a nuevos testigos en las próximas semanas.

De hecho, considera que en esta fase del caso ya ha habido "declaraciones suficientes" y que quizás no sean convenientes "más". Al respecto, desde la Fiscalía sostienen que una de las características de este proceso es que "hay mucha gente que ha visto cosas parciales" y que la suma de todas ellas ha provocado "contradicciones tontas" y cierta "confusión" que, confía, puedan quedar disipadas cuando se celebre el juicio.

"whatsapp" y correos

Ahora, las partes personadas en el caso esperan el resultado de las pruebas periciales tanto de los ordenadores de las imputadas como de los propios móviles. Sobre este último extremo, y una vez ya comprobado que el día del crimen -y el anterior- las tres intercambiaron varias llamadas, desde la acusación entienden que las conclusiones que se extraigan sólo "robustecerán" la visión que tiene el fiscal de lo sucedido aquél día. Entre los datos que se conocerán en próximas fechas -además de la ratificación de esos contactos telefónicos- se encuentran los "whatsapps" y los correos electrónicos que pudieron intercambiar en las horas y los días previos al asesinato, además del contenido de los archivos de los ordenadores que se requisaron en la casa de Triana y de la agente de la Policía Local.

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