La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de 6 años y 10 meses de prisión para cada una de las dos acusadas -una mujer de 71 años y su nuera, de 51- de estafar más de un millón y medio de euros en Gijón. La vista oral se celebrará este viernes, 11 de julio, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que las acusadas establecieron una relación mercantil con las entidades Nationale Nederlanden Vida compañía de Seguros y Reaseguros SAE y Nationale Nederlanden Generales Compañía de Seguros y Reaseguros SAE (desde ahora NN), pertenecientes a la sociedad ING-NN, que tenía su domicilio social en Alcobendas, Madrid.

En virtud de este contrato, llevaban a cabo labores profesionales consistentes en gestionar y obtener operaciones de seguros en Asturias, siendo su remuneración variable. Ambas tenían como sede principal para su actividad una oficina de la Calle Ezcurdia Gijón.

En los primeros meses de año 2003, una de las acusadas puso en práctica un falso plan por el que, bajo la apariencia de concertar determinados productos, en realidad efectuaba otras operaciones consiguiendo así la inversión por los clientes de determinadas sumas de dinero. En ellas, el asegurado daba su conformidad en la creencia de que realizaba una entrega de dinero como depósito y no como seguro. Además, les hacía creer que el interés que iba a conseguir era elevado, garantizado y disponible en cualquier momento.

Así, emitía pólizas y cobraba elevadas comisiones correspondientes a las operaciones supuestamente realizadas. Los clientes entregaban el importe de la prima mediante domiciliación bancaria con distintas periodicidades e incluso realizaban aportaciones extraordinarias.

La finalidad era cobrar la comisión por la operación supuestamente realizada, sin comunicación a los clientes de la operación real, e incluso en muchas ocasiones simulando las firmas de los mismos para dotar al documento de apariencia de veracidad y legitimidad. En operaciones realizadas con firmas inveraces, cubría el texto la acusada y en algunas de ellas, la otra acusada, señala la Fiscalía en el escrito.

El 15 de enero de 2007 su nuera comenzó a tener también actividad con las entidades como agente de seguros, realizando el contrato de agencia con las mismas formalidades y condiciones que el suscrito por la suegra. Durante su actividad laboral, realizó iguales conductas que las efectuadas por la otra acusada, cuya cartera de clientes le fue asignada.

Los clientes perjudicados superan los 100 y las firmas inveraces que realizaron fueron más de 300. Así que ambas, con el propósito de cobrar las sumas de las comisiones, ofertaban productos que decían muy favorables a rentabilidad fija y elevada, carentes de riesgo y de comisiones de cancelación, a sabiendas de que el capital obtenido lo destinarían al producto financiero por el que las dos obtenían la mayor comisión.

En ocasiones, ambas acusadas llegaron a rellenar pólizas de seguro a nombre de clientes y familiares, simulando sus firmas, sin su conocimiento y con el consiguiente perjuicio económico para los mismos.

Los rescates de fondos fraudulentos eran ingresados en las cuentas de los clientes, creyendo éstos que el dinero procedía de las ganancias obtenidas por el cobro de intereses de los contratos efectuados, cuando en realidad el único propósito de las acusadas era conseguir la plena confianza de los clientes con el fin de continuar realizando contratos con los cuales ganar dinero en comisiones.

La Fiscalía considera que las acusadas son autoras de un delito continuado de estafa agravada en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Alternativamente, se las considera autoras de un delito continuado de apropiación indebida agravada en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Fiscal solicita que se condene a cada una de ellas a 6 años y 10 meses de prisión y el pago de una multa de un año y seis meses con una cuota diaria de 20 euros, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. La Fiscalía pide además que ambas acusadas, de forma conjunta y solidaria, abonen una indemnización a la compañía NN de 1.648.076,62 euros, más una cantidad que se determine en el juicio oral o en ejecución de sentencia para los clientes perjudicados que han reclamado en esta causa.