Medio millar de representantes sindicales y afiliados de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT se han dado cita este miércoles en la plaza de la Muntanyeta para reivindicar ante la Subdelegación del Gobierno el derecho a huelga bajo el lema 'No ens faran callar' y en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana por la que están imputados sindicalistas de las dos formaciones.

La concentración, según ha detallado a los medios la secretaria general de CCOO en l'Alacantí y les Marines, Consuelo Navarro, ha servido para denunciar que "más de 300 personas, afiliados y miembros de órganos de dirección de CCOO y UGT, están en diferentes procedimientos administrativos y penales" por ejercer su derecho a huelga.

Navarro ha recordado que "durante las 10 huelgas generales que han tenido lugar durante estos años, nunca ha habido una ofensiva desde el aparato del Estado contra el ejercicio a la huelga, que es un derecho fundamental" y "sobre todo dirigido a las organizaciones sindicales de clase y tocando a los hombres y mujeres que hacen realidad la movilización y la capacidad de presión que tenemos los sindicatos".

"No nos van a meter el miedo en el cuerpo, que creemos firmemente que la huelga es un derecho fundamental y la estrategia que tenemos los trabajadores para hacernos escuchar", ha seguido, y que "vamos a defendernos con uñas y dientes". Así, ha denunciado que "no se le puede pedir tres años y medio —de prisión— a una persona por estar en un piquete informativo" y que "a un explotador que es el causante de que un trabajador pierda un brazo, se le pida menos pena".

En ese sentido, Óscar Llopis, secretario general de UGT a l'Alacantí-Les Marines, ha manifestado que "el derecho de huelga es constitucional y está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Organización Internacional del Trabajo" y ha criticado que "se está criminalizando la acción sindical y de sus responsables".

"Con dos finalidades: Una, amedrentar en futuras protesta que vamos a seguir haciendo; y, para satisfacer a los empresarios que, día sí y otro también, están hablando de la huelga como que es un derecho que hay que retocar".

Además, ha asegurado que los empresarios "con presiones" e "intimidaciones" ejercen "violaciones del derecho a huelga" para que "no surta efecto". Y ha recalcado que "nunca hemos visto una sanción, ni tan siquiera una investigación a las empresas que han violentado el derecho de huelga".

Estrategia de criminalización

En la concentración han participado los concejales de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Daniel Simón y Miguel Ángel Pavón, y la diputada autonómica por EU, Esther López, y el secretario general de Compromís per Alacant, Ignasi Bellido.

Además, ha asistido Juan Urdániz, secretario general de la Federación de Sanidad de Aragón, detenido en la huelga general del 21 de marzo de 2012 e imputado por dos delitos: "uno de resistencia y uno de atentado y me pedían dos años de prisión. Aunque tuve una sentencia absolutoria", ha recordado a los medios.

A su juicio, "es una estrategia de criminalización de la huelga. En la que me detuvieron a mi fue bastante violenta, con actuaciones bastante cuestionadas de la policía. Y, posteriormente, ha ido derivando en multas y en imputaciones sin estar detenido. Les está llegando las peticiones de condena por atentar, según ellos, por atentar contra la libertad de los trabajadores. Y la condena mínima es de 3 a 4 años y medio de prisión".