La sentencia, conocida el viernes, declara inconstitucional y nulo el conocido como el 'decretazo', el Real Decreto-ley 5/2002 de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, por vulnerar del artículo 86.1 de la Constitución, que establece que el Gobierno podrá dictar decretos leyes 'en caso de extraordinaria y urgente necesidad'.

Un portavoz del Ministerio de Trabajo dijo el viernes a Reuters en cualquier caso que los efectos reales de la inconstitucionalidad no tendría efectos prácticos, salvo en casos aislados.

La norma fue aprobada por el Ejecutivo el 24 de mayo de 2002, tres días después de la ruptura de las conversaciones mantenidas con las organizaciones sindicales y empresariales y un día después de que los sindicatos hubiesen anunciado la convocatoria de una huelga general en protesta por las medidas presentadas por el Gobierno en la Mesa de Diálogo Social.

'El Gobierno no ha aportado ninguna justificación que permita apreciar la existencia de la situación habilitante requerida por el art. 86.1 CE', dijo la sentencia del TC.

'Los argumentos que al respecto se utilizan en el Preámbulo del Real Decreto-ley no sólo resultan marcadamente teóricos y abstractos, impidiendo con ello todo control de contraste con la realidad, sino que, en buena medida, han sido matizados - cuando no neutralizados - por la propia percepción de la realidad transmitida por el Gobierno en el debate parlamentario de convalidación', explicó.

La reforma laboral, calificada de 'decretazo' por los sindicatos, motivó una jornada de huelga general el 20 de junio de 2002, que según el Gobierno de entonces, encabezado por José María Aznar, tuvo un seguimiento medio del 16 por ciento, mientras que los sindicatos lo situaron próximo al 90 por ciento.

Los sindicatos y la oposición socialista entendían que la ley permitía el abaratamiento del despido y reducía las protecciones de los trabajadores.

Según fuentes del Constitucional citadas por medios, es la primera vez que este tribunal anula un decreto ley por no estimar justificada la urgencia y extraordinaria necesidad de legislar en esta materia alegadas por un Gobierno

El Real Decreto-ley 5/2002 fue derogado por una ley del mes de diciembre de ese mismo año, en la que el Ejecutivo del PP suavizó las cuestiones más polémicas.

/Por Teresa Larraz/