El Grupo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) reclama que la Xunta asuma como un "problema de Estado" la situación de los marineros que trabajaron en barcos bajo bandera noruega antes de principios de la década de los 90 y que no cuentan con una pensión de jubilación por esos años.

En una iniciativa parlamentaria, AGE pide, de esta manera, "asumir del derecho a pensión o reintegración de las contribuciones realizadas correspondientes a las prestaciones de servicios anteriores al año 1994, como una cuestión de estado" y "se haga cargo de su defensa, a todos los efectos, ante los tribunales de Noruega".

A este respecto, la diputada de AGE, Consuelo Martínez, que ha comparecido acompañada del portavoz del grupo, Xosé Manuel Beiras, ha explicado que sólo por iniciar el proceso, y después de hacerles un "precio especial", le reclaman a los marineros jubilados 300.000 euros. En algunos casos, ya son las viudas o sus hijos los que están reclamando estas pensiones.

Los trabajadores afectados, unos 12.000 en el conjunto del Estado de los cuales 10.000 son gallegos, prestaron servicios en barcos con bandera de Noruega y a sus salarios se les practicó la retención del 45 por ciento de impuestos, aunque no cotizaron a la Seguridad Social, toda vez que no se lo requirieron.

Sin embargo, en las mismas circunstancias, a los trabajadores de Noruega, según han explicado los diputados, se les reconoce el derecho a percibir esta prestación. En todo caso, en el supuesto de que no se les quisiese reconocer una jubilación, tendrían que devolverles —siguiendo esa lógica—, y como han apuntado, las retenciones fiscales practicadas, toda vez que tampoco se han beneficiado de ese pago de impuestos (ni en sanidad, ni en carreteras, por ejemplo).

Tuvieron diferentes apoyos

En octubre de 2010, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad instar a la Xunta a mantener una actitud "firme" ante el Gobierno central con el objetivo de "exigir que acabase con el drama de pescadores gallegos que estuvieron embarcados en buques noruegos antes del 1 de enero de 1994" y no recibían prestaciones sociales.

El colectivo, organizado en la Asociación Long Hope, recibió el apoyo del Comité de peticiones del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados y de los defensores del pueblo gallego, español y noruego, además de partidos, sindicatos y administraciones locales, pero el problema no se ha resuelto.

Ante la "pasividad" del Gobierno gallego, denuncia AGE, Long Hope decidió demandar su caso ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, pero para ir a esta vía primero hay que agotar las diferentes instancias judiciales de Noruega, que tienen un elevado coste económico y al cual esta asociación no puede hacer frente.

Así las cosas, y ante la "situación dramática" que supone esta situación, en palabras de Beiras, es necesaria que la Xunta asuma este conflicto como una "cuestión de Estado", toda vez que, como dijo Consuelo Martínez, este asunto no puede convertirse, a su juicio, en un conflicto "trabajador-Estado".

"Es un problema entre estados", ha enfatizado la diputada de AGE, quien ha considerado "alarmante la indefensión" a la que se ven abocados estos marineros. Para Beiras, este problema es "tremendamente grave" y se encuadra en la "pérdida de derechos" que están sufriendo los ciudadanos.