El expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, José Luis Baltar, ha aceptado que era él quien contrataba al personal en el organismo provincial que presidió durante más de 20 años y negó posibles contradicciones con lo declarado por los técnicos de la institución en las jornadas precedentes del juicio contra el exbarón 'popular'.

A la entrada y a la salida del Pazo de Xustiza, Baltar dijo ante cámaras y micrófonos sentirse "satisfecho", pero "no entender" que algunos medios "se empeñen en decir" que el problema es que los técnicos declaren que fue él el que contrató. "Yo eso no lo negué nunca, ellos dicen la verdad, contrata el presidente de la Diputación desde hace 40 años, porque es la ordenanza la que me faculta para contratar, me corresponde a mí escoger a las personas", ha afirmado.

El propio Baltar, en su declaración como acusado ante la jueza el lunes, había explicado que él cogía los currículos presentados en la institución y los cribaba según la valía de cada uno. "Yo ponía los currículos que entendía de gente más preparada y luego el jefe de Personal, en contacto directo con los jefes de los servicios, los adjudicaba a cada servicio", había expuesto.

En la misma declaración había detallado minutos después que "la ordenanza de contratación da al presidente la misión de revisar los currículos y seleccionar a las personas que se iban a contratar". "El nombre concreto para cada puesto lo elegían ellos, era decisión de ambos, del jefe de Personal y del jefe de cada servicio", había agregado. Los técnicos le atribuyeron a él esa selección concreta para cada puesto.

En la jornada de este miércoles, ante el edificio judicial, Baltar añadió: "Aquí hay un defecto de forma y nada más, el resto discurre como tiene que discurrir". "Ya reconocí desde el principio que falló lo de la publicidad de los contratos, nada más", afirmó, tras indicar que "si la jueza encuentra que hay problema, pues tendrá que dictar sentencia justa".

Sin selección

Las declaraciones previstas para el míercoles correspondieron a siete testigos, entre ellos una edil del PP en O Carballiño que detalló que desde 2003 pasó varios procesos selectivos para trabajar con contratos sucesivos para la Diputación, como técnica de igualdad, pero no hubo proceso de selección para el contrato que firmó en enero de 2010.

La edil Monserrat Caride firmó uno de los 104 contratos denunciados. Explicó que llevaba seis meses en el paro y que llamaba al servicio de Personal de la Diputación para preguntar si había puestos libres de su especialidad, en concreto el que ella ocupó sucesivamente con varios contratos desde 2003, de técnica de igualdad en la mancomunidad de municipios de O Carballiño, pagado por la Diputación.

El abogado del PSOE indagó sobre la visita de la testigo al despacho de abogados del acusado, que ella confirmó, y explicó que fue, a pesar de no precisar de asistencia letrada, para informarse, y que lo conocía por ver su nombre en el periódico.

Desaparecen testigos

La no comparecencia de testigos citados, según la jueza del penal número 1, centró durante unos minutos un intercambio de argumentos, a raíz de la llamada para Ana Isabel B., que según la jueza "no existe", tal como le informaron agentes de la Policía Nacional, y "a pesar de haber prestado declaración ya en el proceso de instrucción". Tampoco compareció Lorena C.

Según la jueza Caterina González, los testigos dieron como dirección de citación la de la Diputación Provincial "porque era allí donde trabajaban, pero a estas alturas muchos ya no están allí". "Quiero entender que la dieron por eso", detalló, tras la protesta del fiscal y de las acusaciones ejercidas por PSOE y sindicato Manos Limpias.

Por su parte, el abogado del PSOE, José Arcos, dijo en la sesión que planteará una protesta, porque ve "indicios objetivos" de falta de colaboración de la Diputación con la Justicia. "No podemos permitir que no colabore con la Justicia quien debe y tiene obligación de hacerlo", denunció.

"Nos parece absolutamente ilegal y fuera de lugar que los testigos den la dirección del lugar en el que trabajan", agregó Arcos, lo que "por alusiones", llevó al abogado de Baltar, Luis Romero, a explicar que en el juicio "no se acusa a la Diputación, sino a su expresidente, y el que tiene que dar los domicilios correctos es el que llama a los testigos", en alusión al fiscal, pues todos los que faltaron, hasta ahora, eran peticiones de la acusación pública.

El fiscal respondió que en todo caso "el problema está en los órganos jurisdiccionales a los que corresponde ese trámite" y sugirió a la jueza que encargue esa labor de localización a agentes de la Guardia Civil, para que vuelvan a ser citados los que faltaron. Antes de hoy faltaron cinco testigos, a los que se sumaron otros tres, uno de ellos fallecido.

Sin temporales

Entre los testimonios del miércoles, el jefe del taller de maquinaria de la Diputación, Raúl H., explicó que él pidió en 2010 tres trabajadores que finalmente le enviaron y a preguntas del fiscal, detalló que en el servicio hay ahora 22 personas, la mayoría fijas, y que para tener un servicio de total eficacia precisaría 10 ó 11 personas más.

"Se hace igualmente de forma eficiente pero para atender todo se acude a talleres externos y no a trabajadores temporales", detalló el testigo. Declaró también un vecino de Paderne que negó haber sido apoderado o interventor del PP y que trabajó para el servicio de Vías y Obras de la Diputación, en su ayuntamiento.

El jueves seguirá el juicio en la sala de la Audiencia Provincial, donde se celebra por cuestiones de espacio, aunque sólo acuden a las sesiones media docena de medios de comunicación y cinco personas más. Están convocados para declarar 14 alcaldes llamados por el abogado del PSOE.