El expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, José Luis Baltar, ha alegado que actuó "convencido de que las contrataciones no precisaban publicidad", en relación a los 104 contratos firmados en el primer trimestre de 2010 y que le han llevado al banquillo de los acusados en la sala de la Audiencia Provincial por un supuesto delito continuado de prevaricación.

Durante una hora, Baltar, que lleva dos años apartado de la actividad política, con lo que una condena por prevaricación no le supondría efectos reales, ha respondido ante la jueza solo a preguntas del fiscal y de su abogado y ha detallado cómo se hicieron los trámites de aquellos 104 contratos temporales. "Los diferentes servicios no contrataban a nadie desde hacía seis meses y se habían quedado sin 120 trabajadores así que me pedían personal con insistencia", ha asegurado.

"Tengo que reconocer aquí que desconozco la ordenanza que firmé en 2004 para las contrataciones en la Diputación", ha añadido y se mostró "convencido en aquel momento" de que los procedimientos urgentes, utilizados en los contratos denunciados, no precisaban publicidad y de que ni el propio jefe de recursos humanos lo sabía, ni le informó.

A las diferentes preguntas de las partes, ha admitido que "no hubo" convocatoria para los contratos. "Pero todo el mundo en la Diputación sabía que en enero había partida y se hacían contratos y hasta los bedeles explicaban esto a todo el que venía a preguntar por un trabajo", ha argumentado.

En este sentido, ha destacado que en más del 90 por ciento de los casos, los contratados se referían a "gente que ya había trabajado antes en la institución y con cualificación profesional muy baja".

Siempre los mismos

Los ocho decretos que respaldaron los 104 contratos denunciados fueron firmados por Baltar, según ha apuntado, y ya le "llegaban del servicio de recursos humanos" con el nombre de las personas concretas y el puesto de trabajo asignado, pues esa selección "estaba acordada entre el jefe de personal, José Luis Suárez, y los jefes de los servicios que necesitaban trabajadores, para ponerlos donde más les conviniera".

"Yo firmaba y no miraba los decretos. Contaba con que no se me engañaba pues nunca detecté un vicio en el que en un decreto fuese alguien que yo no conocía", ha aseverado.

Por su parte, el jefe de recursos humanos e hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, ha afirmado, como testigo, que la elección de los nombres y su asignación entre los diferentes empleos era obra "exclusiva" de José Luis Baltar, y que en su servicio se redactaban decretos y se formalizaban contratos a las personas elegidas por Baltar.

Según Suárez, las contrataciones no se ajustaron ni siquiera a la normativa del procedimiento urgente contemplado en la ordenanza para contratos aprobada en la Diputación de Ourense en 2004. "Las necesidades de trabajadores eran estructurales por lo que el procedimiento adecuado era el ordinario, y se comenzó una tramitación de ese tipo que podría tardar casi dos meses", ha relatado.

Al despachar con el entonces presidente Baltar, éste "insistió" en que había urgencia "y dijo que se tramitase urgentemente la contratación de una serie de personas, en principio sin identificar", ha asegurado, antes de agregar que "era lógico pues la necesidad de gente en muchos servicios existía".

De acuerdo con su testimonio, hizo saber a Baltar que el procedimiento de urgencia "ni era el adecuado ni se hacía ajustado siquiera a la ordenanza", pero tras consultar con el servicio de intervención, tuvo el visto bueno "verbal" de un técnico por haber partida para pagar las nuevas nóminas "y el presidente dio orden de proceder a la contratación inmediata, así que ni siquiera se mandaron los expedientes a intervención para fiscalización previa".

El responsable de los contratos ha explicado que no reparó en que todos los decretos siguen un modelo de texto en el que se alude a un artículo de la ordenanza de contratación que justifica el trámite urgente en casos de "catástrofe o grave peligro para la seguridad de la administración pública", entre otros, y que era un procedimiento que, hasta los 104 contratos denunciados, se usó "en contadas ocasiones".

Ha dicho además que los currículos llegaban directamente al presidente Baltar, sin paso previo por registro como mantuvo el expresidente, y reconoció que, en su opinión, la mejor forma de cubrir los puestos de trabajo necesarios "era tirar del historial de contrataciones previas" aunque nunca se lo propuso a Baltar, al que tampoco explicó que había que publicitar las plazas.

El interventor no fiscalizó

Por su parte, el interventor de la institución en 2010, José María Baños, ha testificado sobre aquel proceso de contratación y su trabajo de control, en lo que se refiere a la existencia de dinero para los contratos, y al procedimiento empleado en la tramitación.

Ha señalado que para hacer su labor de fiscalización tendría que estar informado de los decretos de contratación, desde el servicio de recursos humanos y eso no ocurrió. Así que supo de ellos, según ha indicado, cuando el grupo socialista pidió un informe en mayo de 2010 sobre contrataciones en el primer trimestre del año 2010. "Y fue motivo de debate con el secretario de la Diputación y hasta con mis amigos", ha apostillado.

Cuando supo de los contratos, según él por la petición del PSOE, no se quejó por no estar informado y por no haber podido realizar su trabajo fiscalizador. Atribuyó a un "error grave" suyo "no corregir la falta de fiscalización después" y admitió que estuvo "mal por eso". Se refirió como órganos fiscalizadores a la Comunidad Autónoma y a la Subdelegación del Gobierno, de los que ha reprochado "que algo tendrían que haber dicho también".

Además, ha incidido en que no recordaba haber firmado en enero de 2010 una de las peticiones de trabajadores, en un escrito en el que pidió un auxiliar de refuerzo para su servicio.

Por su parte, el secretario de la Diputación Francisco Cacharro Gosende ha relatado que él fue quien propuso a Baltar, en 2003, la elaboración de una ordenanza para las contrataciones, aunque no participó en su elaboración, y que quedó aprobada en 2004.

Esa fue prácticamente toda su intervención en el tema juzgado, pues además no tiene competencias en todo lo que se refiere a contratos temporales, a no ser, en los denunciados "dar fe y firmar los decretos ya firmados por el presidente".

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