El Ayuntamiento de Toledo requerirá al Ministerio de Administraciones Públicas una explicación sobre el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo que ha dictaminado que un particular de Badajoz pague IBI rústico en terreno urbanizable, al entender que la misma está juzgando una normativa estatal y que, por tanto, corresponde al Ejecutivo de Mariano Rajoy determinar las consecuencias y la manera de proceder de los ayuntamientos.

Así lo ha afirmado el portavoz municipal, Rafael Perezagua, quien considera que al juzgarse una normativa estatal, no autonómica ni local, debe ser el Gobierno nacional quien determine el procedimiento que deban aplicar los ayuntamientos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Perezagua ha subrayado que esta sentencia no afecta a la ciudad de Toledo, sino que se refiere al municipio de Badajoz y que juzga una normativa estatal con carácter general; alertando, además, "de que la doctrina que sienta la sentencia dictada es gravemente dañosa para el interés general y claramente errónea y no ajustada a derecho".

Continuando con el dictado de la sentencia, Perezagua ha destacado que la misma incide en que la aplicación de este fallo tiene más trascendencia que la propia del ámbito municipal ya que afecta a impuestos del Gobierno nacional y de las comunidades autónomas, como son el IRPF y el de Transacciones y Patrimonio.

"Esto rompe el equilibrio financiero del propio Estado", ha subrayado, y en este sentido, ha afirmado que "los ayuntamientos somos tan víctimas como los propios propietarios del suelo", añadiendo que si el fallo pone en cuestión ejercicios anteriores "debe ser Rajoy quien nos diga cómo actuar".

Terrenos afectados

Esta sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, también acompaña un estudio señalando que la misma afectaría a 900.000 inmuebles o terrenos extremeños, ante lo que Perezagua ha informado de que en la ciudad de Toledo no se verían afectados ni una centena.

En este orden de cosas, el concejal ha recordado que desde este año, este problema en la ciudad está solucionado con la revisión parcial que realizó el Catastro a requerimiento del Gobierno municipal que, aún así, solicitaba que la revisión se hiciera con carácter general.

Perezagua ha añadido que la actuación del Gobierno local en este sentido ha sido "ejemplar" dado que, "desde que se detectó que la burbuja inmobiliaria había pinchado, se planteó al Catastro la revisión general". "Nuestra actitud ha sido siempre legal y constructiva", ha insistido.

"Todo aquel que haga un planteamiento político encaminado a pedir la ejecución de una sentencia de estas características sin consultar con el Estado, cometería una gran irresponsabilidad porque hay que pensar siempre en defender el interés general en el marco de la ley de no de los intereses electorales", ha concluido.

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