El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la Infanta Cristina por un presunto delito de blanqueo de capitales y dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado, en su caso, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales.

Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- como de apelación -directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares-.

En concreto, Castro considera que la Duquesa participó en la defraudación de hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008, al facturar Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, se benefició de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

TORRES,

Tejeiro y otros doce imputados podrían sentarse en el banquillo

Junto a los Duques, el magistrado decreta que continúe el proceso penal contra el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad y un delito fiscal, los mismos delitos que pesan sobre su mujer, Ana María Tejeiro, a quien también incluye en su resolución, así como sobre los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro.

También mantiene la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas, por delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, los mismos que pesan sobre el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, mantiene la imputación del exsecretario de Turismo Luis Lobón por prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad, los mismos que a los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.

Finalmente, también continuará encausada la ex consejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen, por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.