El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho este martes que el conflicto de las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol frente a las costas canarias tiene una "solución política y democrática", y ha asegurado que la desestimación del Tribunal Supremo de los recursos contra el decreto gubernamental "no impedirá que se continúe adelante en la calle y en las instituciones hasta conseguir que se celebre la consulta popular en Canarias".
A través de un comunicado Román Rodríguez manifestó que la vía jurídica es una de las posibilidades para tratar de frenar "unos sondeos ampliamente rechazados por la sociedad canaria, el Parlamento de Canarias menos el PP, seis de los siete cabildos insulares, multitud de ayuntamientos incluidos algunos del PP en Lanzarote; las cámaras de comercio de las dos islas orientales no capitalinas, las principales organizaciones ecologistas locales e internacionales, además de la preocupación mostrada por algunos sectores empresariales".
El presidente de NC aseguró que con el pronunciamiento del TS "no se agota el frente judicial, ya que las irregularidades detectadas por la declaración de impacto ambiental favorable, emitido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, motivarán la interposición de sendos recursos por parte de diversos estamentos públicos y sociales de las islas".
Rodríguez insistió en que Canarias, como las islas Baleares y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP, junto con los populares de Málaga, está "en contra" del petróleo, por lo que desde NC "vamos a seguir adelante en las calle y en las instituciones porque la solución pasa por celebrar la consulta popular, cuya autorización fue solicitada por el Parlamento canario a Rajoy, hace meses, sin que el presidente se haya dignado a responder", dijo.
"Con Rajoy o sin Rajoy, apostamos por arbitrar los mecanismos legales que permitan celebrar el referéndum popular en las islas", indicó el presidente de NC, que, en cualquier caso, afirmó que las responsabilidades políticas de este "atropello" se medirán en las urnas en 2015.
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