Un año después de que la Policía iniciara una amplia operación contra la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella y se produjeran las primeras detenciones, el 'caso Malaya' continúa abierto.

De los 94 imputados, cuatro de ellos permanecen en prisión: Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento considerado el cerebro de la trama, el ex alcalde Julián Muñoz y dos abogados, Manuel Sánchez Zubizarreta y Juan Hoffman. En este tiempo se han bloqueado miles de cuentas e intervenido bienes cifrados inicialmente en 2.400 millones de euros, entre los que figuraban obras de arte, ganaderías y fincas.

El juez, Miguel Ángel Torres, ha imputado a Roca, entre otros delitos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación como inductor, alteración de los precios en concursos y subastas públicas, y malversación de caudales.

Torres mantiene que el ex asesor urbanístico es dueño, entre otras propiedades, de inmensas fincas, un palacio, dos hoteles, un aparcamiento y un helicóptero y que controlaba y dirigía las decisiones municipales por encima de la que fuera alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, también imputada en el "caso Malaya".

Disolución del Ayuntamiento

Tras la detención de la mayor parte del Ejecutivo local, el gobierno decidió en abril de 2006 disolver la corporación municipal y constituir una gestora para regir el Ayuntamiento, una decisión sin precedentes en la democracia española.

Los siete levantamientos parciales del secreto de sumario han permitido conocer la supuesta trama, en la que, según el juez, Roca recibía de empresarios y constructores y a cambio de favores urbanísticos pagos en dinero negro de los que una parte eran repartidos entre los ex ediles.

El magistrado asegura que el ex asesor urbanístico contaba con una entramado financiero compuesto de decenas de sociedades, diseñado por abogados y con presuntos testaferros al frente del mismo, encargado de blanquear la fortuna obtenida por Roca durante sus años como máximo responsable del urbanismo marbellí.

La investigación policial incluye el rastreo del patrimonio que podría estar oculto en paraísos fiscales, y del paradero de otros dos imputados, Carlos Fernández (ex concejal) y José Manuel Carlos Llorca (empresario), sobre los que pesan sendas órdenes de busca y detención.

Un antes y un después

El comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, José Gutiérrez Valenzuela, afirmó hoy que el "caso Malaya" ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la criminalidad en materia de urbanismo y aseguró que éste era uno los objetivos prioritarios del Gobierno.

No obstante, indicó que, a pesar de la repercusión mundial que ha tenido por distintas circunstancias, no deja de ser "una operación más de las que se han llevado a cabo en los dos últimos años".