Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS han comparecido este lunes en el Parlamento vasco para denunciar los "recortes" que el Departamento de Educación quiere imponer en la Educación de Adultos.

Las centrales sindicales han explicado que el pasado 15 de mayo el Gobierno vasco publicó una resolución que pretende regular la configuración de grupos y la relación de puestos de trabajo en los Centros de Educación de Personas Adultas.

Según han explicado, en función de esta resolución se establecen números mínimos de alumnos y alumnas para configurar grupos y se limitan los grupos de enseñanza no reglada a los recursos que existan para la enseñanza reglada.

Asimismo, los sindicatos han señalado que el Departamento de Educación está cambiando los criterios para la configuración de los grupos y la consideración a dar a los mismos "para así justificar el recorte en la dotación de puestos de trabajo".

"Es decir, que en la enseñanza reglada se cambian los criterios para la configuración de los grupos y de ese modo se recortan los recursos; y en la enseñanza no reglada, al no poder haber más grupos que en la enseñanza reglada, se añaden nuevos recortes, a pesar de que esos grupos sean de los estudios antes mencionados", han añadido.

Los citados sindicatos han precisado que, como consecuencia de esta decisión, para el próximo curso habrá 70 plazas docentes menos, es decir, un recorte del 11% en la plantilla, y en muchos casos las personas a cuyas necesidades formativas responde la Educación de Adultos "quedarán sin posibilidades de seguir estudiando".

Las centrales sindicales han recordado que, en esta franja educativa, se matriculan, entre otras, personas que abandonaron sus estudios, se encuentran en paro y ahora quieren retomar su formación o personas de otros orígenes que quieren iniciarse y profundizar en el aprendizaje de nuestras lenguas y nuestra cultura. En algunos casos, según han denunciado, los grupos de castellano o euskara para extranjeros sufrirán un recorte del 50%.

ELA ha indicado que la decisión adoptada por el Departamento de Educación es "grave", ya que "antepone el ahorro en personal y recursos a la cobertura del derecho básico a la educación o a garantizar una educación de calidad para todos".

A su juicio, con esta decisión el Gobierno vasco "pone en peligro" el derecho fundamental a la educación, "destruye" decenas de puestos de trabajo, además de conllevar que los Centros para la Educación de Personas Adultas dispongan de "mucho menos personal y menos medios" por lo que "se multiplicarán las cargas de trabajo y se pone en riesgo la educación de personas adultas en centros de pocos alumnos, en el entorno rural o en centros penitenciarios".

Por todo ello, ELA ha exigido al Gobierno vasco la retirada inmediata de las resoluciones en cuestión y que "deje de imponer más recortes". Además, le ha solicitado que cree un grupo de trabajo para dar salida a la situación creada. "Creemos que están en juego derechos fundamentales y una educación de calidad, precisamente en detrimento de personas que menos recursos y oportunidades tienen", ha añadido.