El sindicato Intersindical Canaria (IC) ha afirmado que las unidades de gestión clínica que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad suponen un "sabotaje" al sanidad pública canaria, ya que limitará la cantidad y calidad de los servicios que se ofrecen al paciente.

En rueda de prensa, el delegado de IC, Jaime Bethencourt, explicó que la creación de estas unidades son una operación "segregacionista" de uno o varios servicios del conjunto de la unidad hospitalaria para que sean gestionados con "criterios privados" y se priorice a pacientes de "bajo coste".

A tal efecto, añadió Bethencourt, un médico se convertiría en el director de la Unidad de Gestión Clínica, quien establecerá las condiciones de explotación del servicio con criterios de gestión privada basados en la productividad y el ahorro del gasto, que una vez convertido en beneficios, luego se repartirían entre el conjunto del personal.

En este sentido, indicó que la Consejería ya tiene avanzadas varias pruebas piloto que afectarán al servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), a los servicios de Pediatría y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, al servicio de Nefrología del Hospital Dr. Negrín y al servicio de Digestivo del Hospital Materno Infantil.

Para el delegado sindical, este modelo es contrario a los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues pretende la "competencia" y la "mercantilización" frente a la cooperación de los integrantes del sistema público.

Asimismo, advierte que los criterios de productividad y ahorro podrán ocasionar situaciones como que el proceso de alta del hospitalizado se acelere para propiciar menos gastos de recursos, derivando en riesgos "evidentes" de recidiva o retroceso del proceso de curación.

Igualmente, Jaime Bethencourt señala que los pacientes crónicos y ancianos serán "incompatibles" para recibir una correcta asistencia en estas unidades, dado el alto coste de sus tratamientos, y podrán "burlar" el control público en cuanto a adquisición de aprovisionamiento de material sanitario y de medicación, sistema selectivo de personal y acceso a los puestos de responsabilidad en el mismo.

Es más, asegura que los trabajadores que accedan a estas unidades de gestión clínica perderán sus derechos al quedar legalmente desvinculados del Estatuto Marco o Convenio Colectivo del personal sanitario.

A este respecto, el delegado aclara que las unidades podrán llegar a acuerdos con las entidades y multinacionales privadas para el traspaso de algunas actividades asistenciales. De hecho, afirmó que ya existe una línea directa de conexión privatizadora con las empresas dedicadas a la diálisis.

Por todo ello, el sindicato ha cursado una convocatoria de reunión a las diferentes direcciones de los hospitales afectados en la que se les recordará la obligación legal y moral que tienen contraída en la defensa de la sanidad pública.

Además, promoverá que los trabajadores de los servicios afectados por el proyecto se nieguen a colaborar en la privatización de la gestión del servicio en el que trabajan. Para ello, iniciará una campaña informativa entre los trabajadores y usuarios con el objetivo de establecer una presión social suficiente para paralizar el proyecto.