El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Martín, ha exigido al alcalde, Juan Alberto Belloch, que al igual que hizo en 2009 con la imputación al exconcejal de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Antonio Becerril, cese a los tres concejales imputados en el 'caso apartadero' de Plaza.

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Carmen Dueso: y la concejal del Mayor, Isabel López, son los tres representantes municipales del total de 13 miembros que conformaban el consejo de administración de Plaza entre 2008-2010 y todos ellos han sido imputados por una posible prevaricación administrativa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata para el apartadero ferroviario a la UTE de Acciona por 8,43 millones de euros, y la urbanización posterior, por 7 millones de euros.

"Pedimos que se aplique la doctrina Belloch", ha dicho Martín, al recordar que en abril de 2009 el alcalde cesó a Becerril al ser imputado a raíz de unas escuchas telefónicas dentro de la 'Operación Molinos' sobre posible corrupción urbanística en el municipio de La Muela (Zaragoza), que dio lugar a otra pieza separada y quien finalmente ha sido condenado.

En rueda de prensa, el portavoz de CHA ha recordado que en su momento Belloch argumentó que el cese de Becerril era su forma de entender la política porque "un imputado no puede tomar decisiones de Gobierno", una opinión que ha reconocido compartir.

Al respecto, Martín ha enfatizado que "las instituciones están por encima de los partidos y del PSOE", en alusión a que los tres imputados municipales son de este partido, y ha subrayado que "es una situación especialmente grave porque afecta a la mitad del equipo de gobierno de la ciudad".

Martín defenderá esta postura en una moción, en el próximo pleno municipal, si bien ha confiado en que no se llegue a debatir porque "estamos convencidos de que el alcalde los cesará porque no puede ser de otra manera" y ha abundado al indicar que "desde la honorabilidad de las instituciones, el Gobierno no puede estar nunca en manos de imputados".

Colegio san andrés

Martín ha registrado otra moción para que el Gobierno de Zaragoza se persone en la causa abierta contra el que fuera concejal del PAR en el Ayuntamiento de Zaragoza, Manuel Lorenzo, en el caso de la permuta del Colegio de San Andrés en el barrio de Miralbueno por unos suelos municipales con una capacidad para la construcción de unas 88 viviendas.

La permuta entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el citado centro educativo privado se aprobó por el Pleno municipal en el 2002 y desde CHA se cree que no es "lógico" adquirir un suelo urbanizable con una permuta valorada en más de 4 millones de euros sin delimitar, cuando ese suelo se podía haber cedido gratis, mientras se desarrollaba el Plan Parcial.