La nueva regulación de la zona azul, como se ha informado, contempla un crecimiento del número de plazas de aparcamiento sometidas a esta figura de pago y está ligada al nuevo contrato adjudicado a la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), para la explotación de este servicio. El nuevo contrato, en concreto, amplía de 4.112 a un total de 7.285 las plazas de estacionamiento público sometidas a esta figura de pago.

Cronológicamente, el Ayuntamiento hispalense y Aussa firmaron el pasado 8 de abril el nuevo contrato de explotación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio, toda vez que a mediados del pasado mes de mayo, el BOP publicaba una resolución del concejal de Movilidad, Juan Bueno, con los nuevos términos del servicio y un anexo con los nombres de las calles, avenidas y plazas cuyas áreas de aparcamiento están afectadas por la zona azul.

Se trata, según esta resolución recogida por Europa Press, de unos 280 espacios y vías públicas de las zonas Macarena, Centro, Luis Montoto, Viapol, Pirotecnia, Bami y Los Remedios, si bien en 90 de los casos de trata de zonas y calles peatonales cuya mención responde al derecho de sus habitantes a solicitar el distintivo especial de residente por motivos de proximidad.

Dado el caso, Facua-Sevilla ha anunciado este miércoles que impugnará la ampliación de la zona azul por la vía Contencioso-Administrativa, pues "esta medida debería haber formado parte de la ordenanza fiscal y no cabe admitir que haya sido recogida en una resolución posterior, incumpliendo de ese modo los requisitos procesales que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en especial en su artículo 17".

"Las calles afectadas por la zona azul deben ser reguladas mediante ordenanza municipal, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 58/02003 General Tributaria y artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales", dice Facua, que invoca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La asociación recomienda a los usuarios que se vean obligados a pagar por estacionar en las nuevas calles afectadas por la zona azul "que guarden los tiques" para reclamar la devolución de los importes "si el juez da la razón a Facua". La asociación considera que "la desmesurada ampliación de las calle con zona azul responde exclusivamente a la voracidad recaudatoria del Gobierno municipal y no a solucionar los problemas de falta de aparcamiento en la ciudad".