Anticorrupción pide penas de tres años de prisión para la excúpula de Novacaixagalicia

  • Entre ellos se encuentra su excopresidente Julio Fernández Gayoso.
  • La Fiscalía les acusa del cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias, y pide que devuelvan los 18,9 millones percibidos por este concepto.
  • También solicita que se les imponga una multa de 75.000 euros y que se les inhabilite para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con este sector.
El expresidente de Caixanova y de NovaCaixaGalicia, Julio Fernández Gayoso.
El expresidente de Caixanova y de NovaCaixaGalicia, Julio Fernández Gayoso.
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de tres años de prisión para la excúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias, y que devuelvan los 18,9 millones que percibieron por este concepto.

El Ministerio Público acusa al exdirector general, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas, de apropiación indebida y administración desleal o, alternativamente, de estafa.

Además, en su escrito provisional de conclusiones, Anticorrupción reclama que devuelvan solidariamente a Novacaixagalicia las cantidades ilícitamente percibidas, que ascienden a 18.915.291,56 euros, el 29% del valor atribuido a NCG antes de la segunda intervención del FROB. De esa cifra, detalla, Pego cobró 7,7 millones de euros; García de Paredes 5,6 millones; Gorriarán 4,8 millones; Gorriarán Laza 4,8 millones y Rodríguez Estrada, 691.261 euros.

Por último, solicita que se les imponga una multa de 75.000 euros y que se les inhabilite para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario y/o el ejercicio profesional.

Las andaduras de NCG desde su creación

Novacaixagalicia empezó su andadura el 1 de diciembre de 2010 después de recibir del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 1.162 millones de euros.

Según la Fiscalía, los directivos de Caixanova —Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán— acordaron, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección" que les garantizara "una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras" en el caso de que abandonaran la entidad tras la fusión.

Y ello lo hicieron en mayo de 2010, con la "colaboración de Fernández Gayoso y "con pleno conocimiento" de "la complicada situación financiera de ambas cajas y, lógicamente, de la entidad nacida tras su integración".

Los contratos fueron renovados "no sólo con las mejoras salariales", sino también con el reconocimiento de compromisos por pensiones, que, para el caso de que renunciaran, "podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad".

Pradas redactó, a petición de Fernández Gayoso, las nuevas cláusulas de los contratos de los tres altos directivos "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban".

Las modificaciones incorporadas se ocultaron primero, prosigue la Fiscalía, a la Comisión de Retribuciones, y después al Consejo de Administración no solo de las cajas sino también de NCG, donde Fernández Gayoso, con la "deliberada intención" de ocultar "las verdaderas reformas e innovaciones", se limitó a exponer que Novacaixa había suscrito tres contratos de alta dirección. Asimismo, se acordó también que García de Paredes suscribiera un contrato "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova".

En ejecución del "propósito mutuamente concertado de preparar la lucrativa y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la inminente bancarización de la misma", Fernández Gayoso convocó "de forma extemporánea" a la Comisión de Retribuciones para que Pradas explicara los compromisos asumidos hacia los directivos y la necesidad de dotar una provisión si algún día abandonaban la entidad.

Tras ello, el Consejo declaró vigentes los antiguos contratos de alta dirección y aprobó la provisión "en la creencia" de que los conceptos retributivos para los directivos eran los mismos que para el resto de la plantilla y de que no existían cláusulas de blindaje.

El 9 de septiembre de 2011 abandonó Rodríguez Estrada y el 13 Pego y Gorriarán Laza —solo 18 días antes de que el FROB concediera el segundo apoyo financiero de 2.465 millones de euros—, mientras que García de Paredes lo hizo el 19.

Sus liquidaciones "no fueron debidamente conocidas" ni autorizadas por el consejo ni por el Banco de España, infringiéndose además las limitaciones asumidas por NCG frente al FROB en materia de indemnizaciones", concluye la Fiscalía.

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