Desde 2004 hasta la fecha, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha aprobado más de 60 expedientes de declaración de ruina, según IU. La mayoría eran inmuebles ubicados en el centro. Fuentes consultadas por 20 minutos explican que la GMU tiene «armas jurídicas» para ejecutar las obras de reparación si los propietarios no lo hacen e incluso expropiar. «Si lo hicieran, los especuladores temblarían», aseguran dichas fuentes. Este periódico intentó recabar ayer, sin éxito, la versión del Ayuntamiento.

 

Historias truculentas

 

Como la que le sucedió a Magdalena Villodres en su vivienda de la Casa de Campos, 9. Su propietario ha conseguido la orden de demolición, aunque una denuncia de la Policía Local recoge que encargó que se causaran «destrozos con la finalidad de empeorar el estado del edificio». Otros vecinos también han sufrido desalojos después de años de enfrentamiento con sus caseros. Algunos ejemplos: plaza del Teatro, 1, o los números 72, 74, 76 y 78 del paseo de los Tilos, adquiridos por Cufema 97, SA, para edificar una zona comercial y pisos.

 

 

«Mira mi patio de flores: me moriría si a mis 76 años tuviera que abandonarlo», afirma Ana Bravo, una de las siete inquilinas de renta antigua que aún quedan en el número 6 de la calle Eduardo Domínguez, en Capuchinos. A su casa llegó con diez años y allí se casó y tuvo sus hijos. Ahora lucha para que no la desalojen. «Poco a poco han echado a los vecinos. Éramos 24», dice. Los dueños, la sociedad La Corrala, han abierto un expediente para declarar el inmueble en ruina. Bravo asegura que, además del alquiler, paga una parte para arreglos que nunca se han hecho. El abogado de la anciana, Juan Carlos Narbona, explica que los propietarios están deteriorando el edificio «conscientemente».