La Policía Nacional de Valladolid, en el marco de la 'Operación Pajaroto', ha detenido en los últimos días a un total de diez personas, naturales de Bangladesh y Bulgaria, como integrantes de un entramado especializado en la creación de empresas "pantalla" para la formalización de contratos falsos a ciudadanos extranjeros con la finalidad de recibir prestaciones o subsidios y para regularizar su situación en España.

El núcleo 'pensante' de la citada red, tal y como ha explicado hoy el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, quien ha comparecido acompañado de responsables provinciales de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Estatal de Empleo Público y la Inspección de Trabajo, lo constituían cinco miembros de una familia de Bangladesh, que gestionaba en Valladolid capital negocios de hostelería, concretamente de venta de Kebabs y tiendas de alimentación, y un intermediario búlgaro encargado de la contratación de ciudadanos extranjeros.

Aprovechando la cobertura aparentemente legal de sus empresas, los detenidos, que operaban principalmente en las localidades segovianas de Sacramenia y Cuéllar, realizaban contrataciones y altas ficticias en la Seguridad Social, sin que los contratados llegaran a trabajar en las mismas.

En su comparecencia, Martínez Bermejo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reiterado que el trabajo coordinado entre la policía y distintos organismos de la administración ha permitido desarticular una red que, como así ha subrayado, "se dedicaba a defraudar a todos los trabajadores y cotizantes de España y, en este caso, de Valladolid, así como a perjudicar injustamente a los que cobran prestaciones por desempleo", ante lo cual ha lanzando el mensaje claro de que "a nadie le sale barato ni gratis este tipo de actos delictivos porque aquellos que lo hacen acaban siendo localizados por la policía y conducidos a prisión".

Fraude de 720.000

Euros en el último año

Aunque la presente operación, denominada 'Pajaroto', se ha centrado en cuatro empresas que habían dado de alta a unas setenta personas, el subdelegado ha recordado que a lo largo del último año se han materializado otras dos más en Valladolid, 'Cobra' y 'Árbol', que, entre las tres, se han saldado con el arresto de 133 personas y se ha descubierto un fraude a las arcas públicas superior a los 720.000 euros.

La investigación de 'Pajaroto' se inició en torno a una serie de empresas que podrían estar recibiendo cantidades importantes de dinero, entre 400 y 750 euros, según ha explicado el jefe de la Brigada de Extranjería, Juan José Campesino, por facilitar estas contrataciones.

Las pesquisas permitieron comprobar que el volumen de empleados era incompatible con la situación económica de la empresa e incluso con su espacio físico, "en algún caso no superior a 20 metros cuadrados", ha agregado Campesino, quien ha explicado que los detenidos se cuidaban muy mucho de evitar contraer deudas por cotizaciones a la Seguridad Social superiores a los 50.000 euros, sabedores de que dicha cantidad marca el límite de lo que ya es una conducta tipificada en el Código Penal.

Esta actividad permitía que ciudadanos extranjeros, a cambio de dinero, pudieran completar periodos de carencia que les faltaba para el cobro de prestaciones por desempleo, todo ello sin que tuvieran que trabajar. Aunque las contrataciones ficticias también perseguían favorecer y facilitar la regularización de ciudadanos extranjeros que se encontraban ilegalmente en España y lograr el reagrupamiento familiar, entre otros beneficios.

Jubilación multiplicada por diez

Pero además, una de las especialidades del entramado era la contratación ficticia de ciudadanos búlgaros, de edades comprendidas entre 50 y 60 años, a los cuales se facilitaban contratos y altas en la Seguridad Social por periodos de 90 días para que, después de finalizar ese contrato temporal, pudieran solicitar un subsidio por desempleo y una vez finalizado esto poder acceder al cobro del subsidio por desempleo que España reconoce a los mayores de 55 años.

Así, tras serle reconocido ese subsidio, actualmente de 426 euros mensuales, se aseguraban su percepción hasta que alcanzaran la edad legal de jubilación y para así poder acceder al cobro de una pensión en España de por vida.

"Estamos hablando de que algunas de estas personas han retornado con posterioridad a su país de origen, Bulgaria o Rumanía, donde viven ahora con una jubilación de carácter básico diez veces superior a la normal, de 725 euros frente a los 75 de media mensual que se cobra en ambos países", ha explicado el subdelegado del Gobierno en Valladolid.

La operación está todavía pendiente de cuantificar, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

A 'Pajaroto' se suman otras dos operaciones de similares características desarrolladas en el último año en Valladolid. Así, entre febrero de 2013 y el mismo mes de 2014 se desarrolló la operación 'Cobra', con un 'modus operandi' similar, sobre una empresa que supuestamente aportaba trabajadores, la mayoría extranjeros, a mercantiles del sector agrícola.

Las indagaciones de los agentes descubrieron que habían figurado de alta un total de 118 trabajadores, la mayoría de nacionalidad marroquí, sin ingresar cuota alguna a la Seguridad Social. En este caso los falsos contratos se utilizar para solicitar prestaciones por desempleo y para regularizar situaciones administrativas de extranjeros en España.

El importe defraudado por estos conceptos se elevó a 360.113 euros, al que hay que añadir las cantidades percibidas a través de subsidios obtenidos fraudulentamente en otras provincias, pendientes de cuantificar.

La otra operación, 'Árbol', fue llevada a cabo entre octubre de 2013 y febrero de 2014, periodo en el que se investigó a un grupo organizado que, partiendo de la creación de sociedades ficticias desde una gestoría de Valladolid, sin actividad económica real, desarrolló una amplia actividad delictiva (delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, estafas, falsedad documental...).

La actividad la iniciaba una persona que contaba con una autorización para efectuar altas a través de la red en el sistema de la Seguridad Social. Era dicha persona la que materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo investigado, que colocaba a personas interpuestas, "en situación de precario", al frente de su administración a cambios de pequeñas cantidades económicas.

También en esta ocasión la creación de empresas ficticias estaba orientada al fraude. Los falsos trabajadores eran dados de baja los días estipulados legalmente para optar al cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió además que algunos de ellos presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación en establecimientos comerciales de toda Castilla y León.

Esta operación, que sigue abierta, se saldó con la detención de un total de sesenta y dos personas.