La Fiscalía de Huelva ya ha formulado su escrito de acusación contra Genaro Ramallo, acusado de la muerte hace casi 21 años de la sevillana María del Carmen Espejo, cuando era su pareja, y de su hijo Antonio cuando contaba con diez años de edad, cuyos restos fueron hallados en 2011 en una finca ubicada en el término municipal de Almonaster La Real (Huelva). Por estos hechos, solicita para el acusado 40 años de prisión por dos delitos de asesinato con el agravante de parentesco y el pago de una indemnización de 103.000 euros para el padre de la fallecida.

Según reza en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía lo considera autor de dos delitos de asesinato, procede mantener la situación personal de prisión provisional prorrogada y acordar que la clasificación en tercer grado del penado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena.

El fiscal argumenta en su escrito que el acusado, natural de Bolivia, mantuvo una relación sentimental con la fallecida desde 1980 dejándola embarazada en 1983 cuando ésta contaba con 16 años, un hijo —el niño también fue asesinado— que el padre reconoció cuatro años después.

La convivencia de los tres continuó hasta 1993 aunque al mismo tiempo Ramallo mantuvo relaciones con otras mujeres con las que, incluso, tuvo otros hijos, hecho que dio lugar a desavenencias entre la pareja. Así, por razones no suficientemente acreditadas, pero derivadas del deterioro de su relación, el procesado decidió acabar con la vida de María del Carmen, cuando ésta era funcionaria de la Junta de Andalucía, y con la de su hijo.

Ramallo, valiéndose de que tenía una finca en la localidad de Almonaster La Real, el fin del semana del 21 de agosto de 1993 se trasladó con ellos al citado lugar y, sin que conste si allí mismo o en otro lugar, les dio muerte a ambos suministrándoles medicación sedante y analgésica suficientes como para anular sus posibilidades de defensa.

Tras ello, según asegura la Fiscalía, les decapitó envolviendo sus cuerpos separadamente en bolsas y en un saco de dormir, arrojándolos, junto a los restos de medicamentos y objetos utilizados, a un pozo existente en dicha parcela que tapó y cegó con tierra y piedras.

El caso, cuya acusación particular la ejerce el penalista sevillano Luis Romero, se destapó en septiembre de 2011 cuando los cuerpos fueron descubiertos por agentes de la Policía Judicial de Sevilla, tras retomarse la investigación.

Durante estos 18 años, el presunto autor continuó con su actividad ordinaria de profesor de clases particulares y con sus relaciones sentimentales, llegando a contraer matrimonio con posterior divorcio y aparentando que tenía contacto con la fallecida y con su hijo, al que veía en vacaciones y fines de semana en Madrid o en Córdoba, donde decía que vivía.

De igual modo, para dar apariencia de que había sido por voluntad propia de María del Carmen, el procesado no denunció su desaparición ni la de su hijo en ningún momento y contó desde el inicio que se había marchado a Madrid con otro hombre, llevándose al niño.

A su vez, Genaro Ramallo llegó a remitir una carta escrita a máquina al lugar de trabajo de la fallecida, y supuestamente firmada por ella, solicitando la baja definitiva de su puesto de trabajo al haber cambiado de residencia. No obstante, este hecho ocasionó tal extrañeza entre sus compañeros de trabajo, que interpusieron una denuncia en la Comisaría de Policía por estos hechos.

María del Carmen Espejo no tenía más familiares directos que su padre biológico, con el que no convivía, y una tía materna. Con ambos mantenía contactos periódicos y éstos, extrañados ante su desaparición, también denunciaron los hechos. Dichas denuncias fueron archivadas provisionalmente en abril de 1994 ante las explicaciones dadas por el presunto asesino.

En calidad de testigos, el fiscal solicita la comparecencia de familiares de los fallecidos y de Genaro Ramallo, así como de agentes de la Policía Nacional y de médicos forenses.

Fue detenido en toulouse

Cabe recordar que Genaro Ramallo fue detenido en Toulouse (Francia) en septiembre de 2011 cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva decretó su prisión incondicional, comunicada y sin fianza por dos delitos de asesinato por el presunto doble homicidio de la sevillana y de su hijo Antonio.

Antes de ello, el detenido llevaba una vida aparentemente normal en España, regentando en Huelva una academia de clases particulares de matemáticas, hasta la aparición de estos restos.

Fue a mediados de septiembre de 2011 cuando la Policía Judicial de Sevilla destapó los cadáveres, que se encontraban sepultadas bajo dos metros de piedras en dicho terreno de este municipio onubense.

Por último, destacar que pese a que durante la instrucción se informó de que éste iba a ser juzgado por un jurado popular, finalmente el proceso seguirá como un sumario ordinario y será finalmente un jurado profesional el encargado de dictar su culpabilidad o su inocencia.