El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo tras incorporar al mismo todas las alegaciones presentadas, la mayoría de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La aplicación será retroactiva para resarcir a las víctimas desde el 1 de enero de 1960.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro ha afirmado que "todos tenemos un compromiso y una deuda con ellos".

Todas las víctimas de atentados terroristas cometidos desde 1960 tienen, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del reglamento, derecho a pedir indemnización por los daños personales y materiales ocasionados. Así aparece reflejado en la Ley de medidas a favor de víctimas del terrorismo.

Víctimas, asociaciones y otros interesados han presentado un total de 12 alegaciones. El reglamento va a permitir hacer efectivo el pago de las indemnizaciones y, como novedad, se amplía el ámbito de las distinciones honoríficas a todas las víctimas que tengan algún vínculo con Aragón.

Con esta Ley el Ejecutivo aragonés concederá indemnizaciones por daños físicos tales como fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal, así como lesiones de carácter definitivo no invalidantes. Además, en cuanto a los daños psíquicos, se concederá indemnizaciones en caso de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta e incapacidad permanente total.

Indemnización por daños materiales

Pero, además, el texto contempla la reparación por daños materiales en viviendas, establecimientos, sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y vehículos.

Estas ayudas servirán de complemento a las concedidas por la Administración General del Estado, en concreto, la cantidad con la que indemnice el Gobierno de Aragón se fija en un 30 por ciento de lo recibido por el Estado, unos 2,4 millones de euros. Para tener ese derecho es necesario que el atentado fuera cometido en Aragón o bien que la víctima fuera aragonesa en el momento del atentado.

Con este texto definitivo se consigue aplicar, definitivamente, la Ley de 2008 y, con ello el Ejecutivo autonómico intenta saldar la deuda que mantiene con todas las víctimas de la barbarie terrorista.