Aragón emprende acciones legales contra Inquinosa para cobrar 6,4 millones de indemnización

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes emprender acciones legales contra la empresa química Inquinosa para cobrar la indemnización de 6,4 millones de euros fijada en una sentencia del Tribunal Supremo por los vertidos de residuos de lindano realizados entre 1975 y 1989 en Sabiñánigo (Huesca), que han afectado a unos suelos de forma duradera.
El portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
El portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
EUROPA PRESS
El portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes emprender acciones legales contra la empresa química Inquinosa para cobrar la indemnización de 6,4 millones de euros fijada en una sentencia del Tribunal Supremo por los vertidos de residuos de lindano realizados entre 1975 y 1989 en Sabiñánigo (Huesca), que han afectado a unos suelos de forma duradera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Roberto Bermúdez de Castro ha informado de que la Comunidad autónoma ha solicitado la ejecución de la sentencia del 29 de junio de 2009 en la que el Supremo condenó a Inquinosa por los "graves y continuados" daños al medio ambiente. Esta empresa debe abonar 4,6 millones de euros por daños y perjuicios y otros 1,8 millones en concepto de responsabilidad civil.

Bermúdez ha dicho que esta cantidad es "lo que está costando recuperar estos suelos" y ha añadido que Sabiñánigo sufrió el vertido incontrolado más grande de Europa del sur. La indemnización se destinará a recuperar ambientalmente la zona afectada.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a que los Servicios Jurídicos insten en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Huesca la ejecución de la sentencia.

La Justicia dio la razón al Gobierno de Aragón en 2004, después de que Industrias Químicas del Noroeste vertiera durante 15 años residuos derivados de la producción del pesticida lindano en su fábrica de Sabiñánigo.

En 2009, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia dictada por la Audiencia de Huesca, que condenaba a la compañía y a su director general a pagar al Gobierno de Aragón 6,4 millones de euros. Según el Supremo, el vertido de residuos provocó daños continuados y graves en el medio ambiente. Ahora, el Ejecutivo autonómico ejercerá las acciones judiciales oportunas para que esta sentencia se cumpla.

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