Junta resalta la tendencia descendente de agresiones a profesionales del SAS en 2014 y el PP ve "alarmante" la situación

Sánchez Rubio recuerda que los centros sanitarios públicos cuentan con medidas disuasorias ante posibles agresiones

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado este miércoles que los centros sanitarios públicos de Andalucía cuentan con medidas disuasorias ante posibles casos de agresión a profesionales, una situación que continúan con tendencia descendente también en los primeros meses de 2014. Así lo ha puesto de manifiesto en comisión parlamentaria, donde ha apuntado que la comunidad aprobó, en 2005, el primer Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del sistema sanitario público.

"El gobierno andaluz, desde hace años, está dando respuesta a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud" que son víctimas de agresiones durante el ejercicio de su trabajo, ha señalado Sánchez Rubio en respuesta a la diputada popular Amelia Palacios, quien le ha preguntado qué medidas piensa adoptar para atajar la inseguridad de los profesionales sanitarios, ya que, añade, "según un estudio elaborado por CCOO, más de dos profesionales del SAS sufren una agresión al día".

Así, la consejera ha explicado que el plan recoge una gran batería de medidas de prevención y de protección de los profesionales. Concretamente, existe un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión y que incluye la asesoría jurídica al profesional agredido, apoyo psicológico si lo requiere y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro en caso de necesidad.

El plan incluye también un sistema de registro en el que se notifican las agresiones, así como medidas variadas de seguridad tales como timbres antipánico en consulta (3.356 instalados), software antipánico (2.997), interfonos (1.503), teléfonos directos con seguridad (3.887), salidas alternativas (1.298), videocámaras de vigilancia en espacios abiertos (1.794), dispositivos GPS en ambulancias (195), así como vigilantes de seguridad repartidos por los centros (576).

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destinado, desde 2005 a 2013, más de 210 millones de euros a medidas de seguridad en los centros sanitarios públicos de la comunidad.

DESDE 2007

Suben las sentencias relacionadas con estas situaciones

Sánchez Rubio ha destacado, además, que el Decreto 257/2005, de 29 de noviembre, de asistencia jurídica del SAS, recoge el derecho de los profesionales a recibir asistencia jurídica en caso de ser agredidos, y que desde 2007 se han incrementado las sentencias relacionadas con este tipo de situaciones, considerándolas delitos de atentado.

La consejera ha apuntado que la tendencia de los datos registrados en los últimos años, en lo que a las agresiones a profesionales de la sanidad pública se refiere, es descendente, pasando de las 1.076 contabilizadas en 2011 (agresiones físicas y no físicas) a las 774 de 2013 (agresiones físicas y no físicas). Una tendencia que se observa también en los primeros meses de 2014.

Por su parte, la diputada del PP ha destacado que según el citado estudio "se evidencia que entre 2007 y 2013 más de 6.000 profesionales del SAS han sufrido algún ataque o agravio", y ha apuntado que en una situación que se da en todas las provincias y que en hospitales como el de Linares (Jaén) los casos son "numerosos y virulentos".

Se trata de una situación "alarmante que no se puede consentir y una lacra ante la que las administraciones debe actuar con más eficacia", porque "no se puede permitir que además de sufrir los recortes, los profesionales trabajen con miedo, lo que afecta al servicio que se ofrece a los ciudadanos".

Asimismo, Palacios afirma que "este ascenso tan pronunciado" en agresiones físicas y verbales "podría estar unido a los recortes en la prestación de servicios, con un aumento en las listas de espera, ya que según el estudio, la principal causa de agresión sigue siendo la demora en la atención a los pacientes".

Además, señala que el PP-A "se hace eco" de las declaraciones de CCOO que tildan "de grave error" la negativa del SAS de crear un Observatorio de Agresiones, donde aborde el problema y sus soluciones, un camino "que se ha tomado a nivel estatal", resalta Palacios.

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