La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén tiene previsto juzgar este miércoles a un hombre, identificado como J.C.S.D., al que la Fiscalía acusa de apropiarse de más de 3.700 euros mientras trabajaba como repartidor de bebidas, al no entregar a su principal el montante que recaudaba de sus clientes con las cajas que les servía.

Según el relato de los hechos de la Fiscalía, consultado por Europa Press, los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando el encartado supuestamente aprovechándose de su trabajo como repartidor de bebidas de una empresa "cobraba a los clientes el importe de las cajas que les servía", pero "luego no entregaba" dicha cantidad "a su principal" y se apoderaba de la misma "en su beneficio".

En total, el procesado se habría apropiado así de una suma de 3.732,32 euros, según los cálculos del Ministerio Público, que considera que estos hechos constituyen un delito de apropiación indebida continuado por el que solicita para el acusado una pena de dos años de prisión.

Con anterioridad a este juicio, la Sección Tercera tiene previsto celebrar otro, también este miércoles por la mañana, por un supuesto delito de estafa del que se acusa al administrador de una empresa —identificado como J.R.P.— en el marco de una operación de venta de conductos de aire acondicionado.

En concreto, la Fiscalía sostiene que el encartado, desde esa condición de "administrador único" de una compañía, "contrató con una empresa la venta de conductos de aire acondicionado por importe de 6.637,13 euros que se entregarían una vez que ésta hubiera ingresado, en efectivo o por transferencia, el precio pactado en la cuenta de la vendedora".

El acusado, siempre según la versión del Ministerio Fiscal, "no tenía intención de abonar el precio pactado en la cuenta de la vendedora", y, por ello, "ingresó un cheque girado contra una cuenta que no tenía fondos y que se encontraba bloqueada, consiguiendo, de esta forma fraudulenta, consumar su plan de enriquecimiento ilícito".

El Ministerio Público entiende que estos hechos constituyen un delito de estafa del que culpa al procesado, para el que pide una pena de 18 meses de cárcel.