La sanción a Oltra viene motivada por el incidente del pasado 8 de mayo, en el que el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, expulsó a la parlamentaria y esta se negó a abandonar el pleno alegando que no había oído los tres avisos al orden que había recibido.

De este modo, esta semana no se podrá celebrar el pleno extraordinario, que será a puerta cerrada, para votar la sanción a Oltra ya que la Junta de Portavoces debe convocarlo con un plazo mínimo de antelación de 48 horas y en su reunión de este lunes no lo ha hecho.

Ahora la Mesa de las Corts deberá estudiar el escrito de alegaciones, de 21 páginas, que Oltra ha presentado este lunes por registro en el que además reclama que declaren como testigos el diputado de EU Lluis Torró y a la diputada socialista Clara Tirado.

Entre las alegaciones expuestas por la diputada señala que no fue hasta las 14,33 horas del día 30, cuando se le dio traslado de los documentos en papel integrantes del expediente quue solicitó "parte del cual era de imposible acceso", lo que supone que ni siquiera se le concedió un día hábil entre la entrega del expediente y la finalización del plazo fijado por la Mesa para presentar alegaciones.

Además, señala que tampoco "se atendió a la petición de identificación del órgano instructor del expediente" con "la falta de imparcialidad" que supone que sea la propia Mesa, que tampoco se le informó de la posibilidad de presentar y proponer prueba y recursa a Cotino por "animadversación manifiesta".

Por todo ello, el síndic parlamentario de Compromís, Enric Morera, ha explicado que en la reunión de la Junta de Síndics ha solicitado que la ratificación de la sanción "no se aplazara sino que se finalizara el expediente con una no sanción". Así, ha argumentado que se trata de "un hecho extraordinario" y que se está "haciendo un juicio administrativo sumarísimo" que "recuerda a los antiguos tribunales de orden público".

Morera ha recalcado que "ha quedado acreditado" que Oltra "no acató la decisión del presidente simplemente porque no lo oyó desde los sillones". Sin embargo, ha lamentado que ha habido "una persecución" que para "la democracia sería bueno que finalizara ahí el procedimiento sin sanción y que el PP dejara de utilizar de forma partidista las instituciones".

En ese sentido, ha reclamado que el grupo parlamentario popular, en el que están Rita Barberá, Francisco Camps y diputados con asuntos pendientes por la Justicia, "no priven a una diputada de su condición durante un mes". "No sería lógico y no se entendería", ha señalado.

Por contra, Bellver ha replicado que ante "un incumplimiento fragante y ante una falta de respeto no sólo al presidente de las Corts sino también a las Corts entendíamos que se tenía que aplicar el reglamento". "Eso es lo que dijimos el minuto uno y es lo que seguimos diciendo en este momento", ha señalado.

Bellver, preguntado por si el PP no sería partidario de llegar a un acuerdo que evitara la sanción, ha apuntado que se trata de "un hecho extraordinario" que "no ha ocurrido en más de 30 años de funcionamiento de las Corts".

Por ello, ha recalcado: "no se puede permitir que constantemente que Oltra y su grupo parlamentario esté haciendo un uso interesado de las instituciones". "No se pude tolerar esa falta de respeto a la institución y a las personas", ha recalcado Bellver, que ha apuntado que "lo que tienen que hacerse ver es esas formas de actuar dentro del parlamento valenciano".

ALEGACIONES

En el escrito, Oltra alega que al no haberse identificado el órgano instructor lo asumirá la Mesa de Las Corts a pesar de que la única persona integrante con formación en ciencias jurídicas es el vicepresidente segundo, Ángel Luna, que se opuso a la propuesta de sanción".

Por ello, cuestiona la imparcialidad al no haber intervenido los servicios letrados de la cámara con lo que le propuesta de la Mesa "se adentra sin remedio en el campo de la contienda política". Prueba de ello, aduce, es que se retrasó al propuesta de sanción hasta haber superado el día de las elecciones europeas. Asimismo, recusa expresamente al presidente de las Corts , Juan Cotino, de que participe en el expediente sancionador por la "notaria animadversión" que tiene hacia su persona que justifica con diversa documentación.

En tercer lugar, señala que la consecuencia de la falta de una regulación del procedimiento sancionador en el reglamento es que "haya sido establecido arbitrariamente" por los miembros de la Mesa del partido mayoritario de "una manera 'ad hoc'". Así, señala que la inexistencia del procedimiento y "la negativa" a trasladarla el acervo probatorio existe hasta el viernes 29 "sin ampliar el plazo ya de por sí exiguo (tres días hábiles) le llevan a desconocer con qué mecanismos de defensa cuenta y en qué elementos probatorios se sustenta a Mesa para su propuesta de sanción con lo que le genera "indefensión y adentra el presente procedimiento al terreno de a inseguridad jurídica".

Del mismo modo, señala que de la lectura de los hechos "se desprende una seria contradicción con la realidad e incluso con la descripción con la realidad e incluso con la descripción de lo ocurrido que se relata en la propuesta de sanción".

Asimismo, insiste en "la falsedad de los requerimientos efectuados" para que abandonara la sala y recalca que la segunda llamada al orden fue "inaudible e ininteligible". Por contra, destaca que ella y los portavoces de los grupo solicitaron que se repitiera la segunda llamada al orden en un contexto audible para que continuara "con normalidad" el pleno. Por último alude a la "vulneración manifiesta del derecho a la presunción de inocencia" al estar fijada la sanción de antemano y la fecha del pleno secreto.