El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha exigido a la Conselleria de Justicia que garantice el derecho de defensa y la continuidad del sistema público de justicia gratuita, asumiendo el coste real del servicio, y ha anunciado que recogerán firmas para modificar la normativa valenciana que regula el turno de oficio a estos fines y para la "plena implantación" del expediente electrónico, que también reclama.

Así lo ha anunciado en un comunicado en el que refleja 13 medidas adoptadas por el pleno de estas institución, en el que advierte de que reclamará a Justicia "acudiendo a la vía contenciosa si es necesario, los correspondientes intereses de demora por el retraso en los pagos de las certificaciones trimestrales del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita".

Los abogados redactarán un modelo escrito mediante el que los ciudadanos puedan expresar ante la Conselleria de Justicia "su disconformidad con el hecho de que determinadas actuaciones procesales necesarias no estén cubiertas por el sistema público de justicia gratuita, ni tampoco cubra los gastos de fotocopias, CD y otros similares".

De igual modo, los letrados han exigido al Ministerio de Justicia que destine el importe de las tasas judiciales cobradas en la Comunitat al pago del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, "dado que, según afirmó de forma expresa y reiterada el actual ministro de Justicia, ése era el destino del dinero recaudado por la Ley de Tasas".

En el pleno se acordó también formalizar el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que confirma la "práctica totalidad" de los módulos de compensación económica aplicables al turno de oficio y asistencia al detenido, establecidos en la orden de la Conselleria de Justicia 2/2012.

Recurso de inconstitucionalidad

Los abogados asimismo estudiarán la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esa orden por "vulneración" de los derechos fundamentales de los ciudadanos "al no contemplar todas las actuaciones necesarias para garantizar su derecho a defensa y a la tutela judicial efectiva".

La reunión también sirvió para decidir la presentación de una queja ante la Defensora del Pueblo por la "disfunción que genera el hecho de que, dentro del territorio nacional, haya diferencias en los baremos, no solo en materia de cuantificación económica sino incluso en el hecho de que una actuación esté contemplada o no en el baremo".

El Consejo Valenciano ha recomendado a las tres entidades colegiales que no designen letrados de oficio para realizar actuaciones en las que su intervención no sea preceptiva según la legislación vigente y en las solicitudes de designación de esta figura a través de un auto, exigen que se "motive" la necesidad de este hecho, "justificativa de la disposición de fondos públicos" y recomienda a los colegios que no designen abogado de oficio en caso contrario".

En esta línea, aconseja a estos abogados que no se hagan cargo "de ningún gasto que no les esté expresamente conferido y retribuido" y se les recordará que no tienen "obligación alguna" de hacer frente a los gastos de fotocopias de autos judiciales, documentos originales, demandas y documentos acompañados o CD que, según una respuesta de la Conselleria de Justicia, "son a cargo del beneficiario de la justicia gratuita".

Los letrados redactarán una hoja de información al ciudadano en la que se advierta al solicitante del servicio que, en caso de denegación de este beneficio, deberá abonar los honorarios profesionales del letrado".