El Consejo de Ministros ha aprobado ha aprobado el anteproyecto de ley del Código Mercantil, que pretende regular, entre otros asuntos, los contratos electrónicos, turísticos y los financieros mercantiles para sustituir así la actual norma, que data del año 1885.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que el objetivo de esta actualización es "hacer efectiva la unidad de mercado" en nuestro país.

Fue el ministro socialista Juan Fernando López Aguilar quien en noviembre de 2006 encargó a la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación la elaboración de una propuesta en la que han trabajado más de 60 expertos en la materia.

Este nuevo Código, que contará con más de 1.727 artículos artículos, tiene por objeto asegurar la unidad de mercados en las relaciones jurídico privadas de los empresarios y restantes operadores económicos y debe recopilar e integrar en un texto único toda la legislación mercantil existente e incorporar materias que hasta ahora carecían de regulación legal alguna pero que son ya totalmente habituales en las relaciones mercantiles.

Entre las materias figuran las normas que regulan la empresa y la transmisión de las empresas y modalidades modernas como la contratación electrónica, la contratación en pública subasta y la contratación automática. También recogerá contratos como los electrónicos, los turísticos, los de distribución y los financieros mercantiles.

El Código, que se compone de siete libros, también armonizará la legislación mercantil española "en sintonía con la de otros países", lo que "va a facilitar las transacciones de carácter internacional". Gallardón ha insistido en que esta normativa supone un avance en la unidad de mercado, porque suprimirá trabas y recuperará "la igualdad de todos los operadores en el mercado".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, ha dicho que este texto se compone de "normas más claras y sencillas" que pretenden contribuir a reactivar la actividad económica.

Asimismo se regula el Estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones tanto con este órgano de la Unión Europea, como con las redes jurídicas de cooperación internacional y los magistrados de enlace.

Y estaba previsto que se tramitara la contratación de empresas de seguridad privada para complementar la seguridad pública en diversas prisiones españolas después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo anunciara el pasado 14 de mayo tras la experiencia piloto de 21 cárceles.

Fernández Díaz insistió en que la labor de los vigilantes privados será de "complementariedad, subordinación y auxilio a las Fuerzas de Seguridad públicas".