La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que las acciones de control ordinarias de lucha contra el fraude en la formación impartida durante los años 2010 y 2011 han permitido recuperar 33,9 y 50,2 millones de euros, respectivamente, hasta un total de 84 millones.

Así lo ha señalado al ser interpelada por el portavoz económico de UPyD en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Según ha explicado, estos controles se desarrollan en todas las provincias españolas, aunque se ha referido únicamente a los casos destapados del empresario 'Anieri', en Madrid, y del que ha salpicado a la cúpula de la UGT en Andalucía.

La ministra de Empleo ha enfatizado que ambos casos "no ha mediado denuncia de nadie, ni de empresas, ni de beneficiarios de los cursos ni de partidos políticos", sino que ha sido un labor propia de los sistemas habituales de control públicos. Por ello, ha querido dejar claro que "el sistema funciona y tiene controles".

Ahora bien, Báñez ha recogido el guante de Anchuelo, quien le ha pedido controles adicionales, y ha asegurado que el Gobierno trabaja con las comunidades autónomas, dentro de los límites competenciales, para "reforzar" los controles en los respectivos territorios. "Espero la colaboración de las comunidades autónomas porque es un trabajo de todos", ha añadido.

Apuesta por más controles y por más concurrencia.

Báñez también ha recordado también que el Gobierno se encuentra en conversaciones con los agentes sociales para reformar el modelo de formación ocupacional, y ha anticipado que la voluntad del Ejecutivo es "aumentar las actuaciones de control" para acelerar la detección de irregularidades. Además, ha asegurado que "se aumentarán las sanciones para casos de malas prácticas con garantía de un justo reparto de responsabilidades".

Dicho esto, ha señalado que patronal y sindicatos tienen que estar en el diseño de la formación, pero que "hay que ver" si también participan en la gestión. "Les estamos haciendo propuestas", ha dicho.

Báñez ha defendido además que es preciso abrir más la impartición de los cursos de a la libre concurrencia porque ello permite, entre otras cosas, abaratar costes.

En cifras, ha señalado que en la última convocatoria de formación para jóvenes, como resultado de la apertura a la libre concurrencia el coste medio por alumno y hora pasó de 9,1 euros en 2011 a 6,6% en 2012, un 27% menos, al tiempo que han aumentado un 10% los fondos subvencionados que efectivamente llegan puramente a la actividad formativa. "Hacemos más formación por menos coste gracias a la concurrencia competitiva", ha añadido.

Por otro lado, la ministra de Empleo también ha hecho referencia a la necesidad de mejorar la vinculación entre la formación y las demandas de las empresas y de lograr que ésta sea más efectiva, a la vista de que "sólo el 12,5% de los que siguen cursos de formación en iniciativas de oferta reconocieron ésta ha tenido incidencia en su carrera profesional".

"tolerancia cero contra el fraude".

Finalmente, la ministra de Empleo ha asegurado que el fraude relacionado con la formación es "doble", al ser un caso de malversación de fondos públicos relacionados con algo tan importante para el futuro de los trabajadores como la formación. "El Gobierno tiene tolerancia cero con el fraude", ha apostillado.

"Hoy tenemos un millón de desempleados sólo con educación primaria, de los que una cuarta parte son jóvenes, por lo que formales es nuestra absoluta prioridad", ha apostillado Báñez.

Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Ávaro Anchuelo, ha mostrado su temor ante la posibilidad de que los fraudes en formación se hayan producido en otras provincias fuera de Madrid y Andalucía, y ha lamentado que en los casos conocidos la respuesta de las autoridades no haya sido, en su opinión, más "activa".

Así, ha recordado que los fondos para formación, aunque sean gestionados a nivel autonómico, "tienen un origen estatal, y el Ministerio de Empleo no puede ser un espectador ante estos sucesos".

"Se pueden revisar de oficio todos los expedientes en todas las comunidades autónomas, se puede tener un papel más activo en los tribunales, personándose en las causas para recuperar el dinero perdido, y también es preciso reformar el modelo de formación ocupacional para recuperar el papel de verificación del Estado", ha sentenciado.