El secretario de Economía del PSOE de La Rioja, Vicente Urquía, ha reclamado este miércoles al Gobierno riojano que "lidere" la puesta en marcha de un plan regional contra la economía sumergida, que alcanza "uno de cada cuatro euros del PIB de la comunidad".

Como ha adelantado Urquía en rueda de prensa, si el Ejecutivo no lleva a cabo este plan, que, a su juicio, debería realizarse conjuntamente con sindicatos y empresarios, los socialistas llevarán iniciativas en este sentido al Parlamento regional.

El dirigente del PSOE ha apuntado que su partido, a lo largo de este año, se ha ido reuniendo con patronal, sindicatos o Cámara de Comercio, "unas reuniones en las que la economía sumergida ha estado muy presente como uno de los temas que más preocupan".

En este sentido, ha recordado un informe, realizado por la Asociación de técnicos de Hacienda, "que indica que uno de cada cuatro euros en La Rioja es de la economía sumergida, el 24,1 por ciento del PIB riojano no se declara", un porcentaje "similar" al 24,6% nacional. Cifras que, en cualquier caso, para Urquía, "son preocupantes para un país como España".

"La persecución y la prevención de la economía sumergida es una exigencia social y para las administraciones públicas, porque distorsiona la economía, es un cáncer para la economía, para la capacidad de gestión de las administraciones y para los propios trabajadores. Por eso, es necesario que el Gobierno actúe, y que lo haga con rapidez y agilidad", ha defendido.

Para Urquía, esta actuación debe ser "global y amplia, coordinada entre todas las administraciones, con un plan que debe ser impulsado por el Gobierno regional contando con sindicatos y patronal también, como se está haciendo ya en otras comunidades autónomas".

Como medidas, ha apuntado la necesidad de "aumentar recursos, con más técnicos en Hacienda que persigan el fraude", pero con una inspección que "no se haga solo a las rentas más bajas, sino que se centre en los grandes patrimonios y en las grandes empresas".

Urquía ha señalado que el PSOE ya está trabajando en la elaboración de un plan de este tipo, por lo que, en sus palabras, "si el Gobierno regional no lo impulsa en un tiempo prudencial, algo que creemos que es su obligación moral y ética, lo plantearemos como proposición no de ley en el Parlamento regional".