Becerril recomienda que todos los menores en desamparo tengan asistencia jurídica gratuita

  • La defensora del pueblo ha presentado en las Cortes el estudio 'La escucha y el interés superior del menor', consecuencia de quejas ante la institución.
  • Analiza si los menores son escuchados en los procedimientos judiciales que les afectan, si sus opiniones se toman en cuenta y si se respeta su interés.
  • Soledad Becerril sugiere que se facilite a los menores un abogado de oficio "para que puedan hacer valer sus opiniones en procesos que les afecten".
  • Leer el informe 'La escucha y el interés superior del menor' (PDF).
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en una imagen de archivo.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en una imagen de archivo.
EFE

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha presentado este martes un informe en el que recomienda que todos los menores en desamparo tengan acceso a la asistencia jurídica gratuita y que aquellos que quieran hacer valer sus opiniones en procesos judiciales que les afecten pueden tener un abogado de oficio.

El informe, titulado La escucha y el interés del menor, incluye un total de 17 recomendaciones a las secretarías de Estado de Justicia y Servicios Sociales e

Igualdad. Analiza si los menores son adecuadamente escuchados en los procedimientos judiciales que les afectan, si sus opiniones se toman en cuenta y si se respeta su interés superior. La conclusión es que no siempre es así.

La Defensora recuerda que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que el menor debe ser "escuchado", mientras que la legislación española utiliza el término "oído". Y explica que el niño debe tener el protagonismo "que su condición de sujeto del proceso y no de mero objeto del mismo, unida a su vulnerabilidad, reclaman".

Para Becerril, la escucha del menor debería "configurarse como un derecho de éste, no sujeto a criterios de necesidad u oportunidad", tal y como ocurre en España en los procesos de crisis familiar. Además, apunta, se le dice al menor que su opinión no tiene peso en la resolución final.

Tampoco hay un método para asegurar que la comunicación del niño con el juez y con el fiscal "se produzca de manera general, temprana y normalizada".

El informe recomienda también que se incremente el número de fiscales especializados en el ámbito civil de menores y que existan "vías específicas de recurso" cuando un menor considere que su derecho a ser escuchado "no ha sido satisfecho". "No existen protocolos comunes para la realización de la audiencia del menor", apunta.

Pide también que se promueva la generalización de juzgados de primera instancia como juzgados de familia especializados y que los menores que "con independencia de sus progenitores o tutores, deseen hacer valer sus opiniones en procesos en que se ventilen cuestiones que les afecten", tengan derecho a la justicia gratuita.

Becerril sugiere asimismo que se eliminen "los criterios de edad respecto al derecho del niño a ser escuchado" y que en los procesos de familia (separaciones y divorcios) se introduzca la previsión de nombramiento de un defensor judicial cuando el fiscal y el menor discrepen sobre lo que le conviene.

El informe se ha elaborado con la colaboración de jueces, fiscales, abogados y representantes de los equipos psicosociales adscritos a órganos judiciales que participaron en cuatro jornadas de reflexión en la sede de la Institución en octubre de 2013.

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