La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha confirmado las fianzas de responsabilidad civil impuestas a cuatro personas imputadas en relación al ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), entre ellos dos sindicalistas de CCOO, y ha decidido rebajar a la mitad las impuestas al director del hotel y al responsable financiero de Hotasa, la división hotelera de Nueva Rumasa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya rebaja de 60.471 a 30.235 euros la fianza civil impuesta al director del establecimiento, Miguel Rodríguez Ortega, y de 60.471 a 31.066,77 euros la establecida respecto a Antonio Isla Barba, director financiero de la cadena.

En este último caso, la magistrada entiende que "asiste la razón" al recurrente de que "no existe constancia" de que participara expresamente en la inclusión de uno de los dos 'intrusos' del ERE, como fueron Claudio Andrés Sendino y José Antonio Cuevas, mientras que en el caso de Rodríguez Ortega reduce la fianza "por su absoluta subordinación a las directrices de Hotasa y de la familia Ruiz-Mateos".

La juez, no obstante, mantiene que, cuando se produjo la contratación de los dos 'intrusos', el imputado "ya conocía que se iba a solicitar un ERE en el hotel para el rejuvenecimiento de la plantilla y reducir personal, con lo cual debió conocer al menos cuando efectuó tales contrataciones que las mismas eran contrarias a lo que pretendía la empresa, por lo que era fácil deducir que la contratación de ambos empleados fuera realizada con el único fin de que se acogieran al ERE".

De otro lado, la juez confirma la fianza civil de 120.942,63 euros impuesta al que fuera director de la división hotelera de Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciarini, pues "es contrario a la lógica que no tuviera conocimiento y participación, ya fuera en un primer plano o segundo, en el proceso de reestructuración (ERE) del Hotel Cervantes y que desconociese la intención de sus jefes, los miembros de la familia Ruiz-Mateos, de conseguir que las prejubilaciones derivadas de dicho ERE fueran financiadas total o en su mayor parte por la Junta".

A ello se suma que "quedaría indiciariamente acreditado que conocería la actividad de Juan Lanzas de conseguidor de la financiación del ERE de Hotel Cervantes y que él mismo le había hecho ciertos pagos por dicha actividad".

La instructora también confirma la fianza civil de 60.471 euros impuesta a José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CCOO y prejubilado en el ERE del Hotel Cervantes, y a Gonzalo Fuentes Guerrero, secretario general de la federación andaluza de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

Sobre ellos, asegura que la contratación de los dos 'intrusos' para ser incluidos en el ERE "no es una situación legítimamente prevista en el Estatuto de los Trabajadores", añadiendo que ambos sindicalistas "validaban con su presencia e información a los trabajadores la idoneidad del proceso" y "participarían de forma activa en el proceso del ERE del hotel", conociendo que "las prejubilaciones iban a ser financiadas por la Junta avalarían la inclusión en dicho ERE de los dos 'intrusos'".

Por último, confirma la fianza civil de 310.667,75 euros impuesta al 'intruso' Claudio Andrés Sendino, a quien se le dio de alta en la empresa nueve días antes del ERE "fraudulentamente y con su propio consentimiento" a fin de "poder acogerse a las prejubilaciones derivadas del ERE".