El Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla ha dejado este viernes visto para sentencia, el juicio previsto contra la concejal de Desarrollo Económico y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la socialista María José Borge, y el funcionario municipal Juan Antonio Marcos, por un presunto delito de prevaricación perpetrado supuestamente con la adjudicación de un contrato de asesoramiento y consultoría en materia de deportes a la sociedad limitada Mudarra Gestión Deportiva.

Los hechos, según ha informado a Europa Press la sección sindical de CCOO como promotora de la denuncia de la que nace esta causa, se remontan a 2009, cuando la concejal socialista encargó al funcionario Juan Antonio Marcos la elaboración de un pliego de condiciones destinado a la contratación de servicios de asesoría y consultoría en materia de actividades deportivas a promover por el Ayuntamiento alcalareño, gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE).

Aunque los pliegos de condiciones de la contratación señalarían la "solvencia técnica y profesional" de la empresa contratista como requisito necesario para la adjudicación, el 6 de noviembre de 2009, el contrato fue concedido mediante resolución de la propia concejal, por un importe de 9.100 euros y 45 días de duración, a la sociedad limitada Mudarra Gestión Deportiva, constituida el 15 de octubre de ese mismo año. El 19 de octubre, según CCOO, el director técnico de Promoción Deportiva del Ayuntamiento había sido trasladado a otro departamento mediante una "nota interior" rubricada por la propia Borge y por "necesidades urgentes, y de manera temporal", siempre según la acusación particular.

Para CCOO, se trata de caso de "enchufismo" a través del cual han sido eludidos "los procesos selectivos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal". Después de que CCOO descubriese el asunto y lo elevase a la Fiscalía, el Ministerio Público habría promovido su propia denuncia contra María José Borge y el funcionario en cuestión por un presunto delito de prevaricación.

Durante la vista oral celebrada este viernes, según han informado a Europa Press fuentes del caso, han comparecido ambos acusados, siendo interrogados por todas las partes involucradas en la causa, y han testificado el secretario general del Ayuntamiento alcalareño, Fernando Gómez, el anterior responsable de Recursos Humanos del Consistorio y el anterior director del área de Deportes.

Tras casi tres horas de vista oral, a la hora de las conclusiones, la Fiscalía ha ratificado su petición inicial de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los acusados por un delito de prevaricación y, del mismo modo, CCOO ha confirmado su petición de siete años de inhabilitación también para cada uno de ellos. Los acusados, a través de su representación legal, han solicitado su libre absolución.