La Plataforma de Víctimas del Alvia ha lamentado este viernes en una carta dirigida al fiscal de Santiago Antonio Roma Valdés que éste haya considerado, en el recurso que remitió hace unos días al juzgado, que "no existen elementos en la causa para imputar a personas concretas las infracciones criminales indicadas en el último auto del juez Luis Aláez".

En esta misma carta, con copia al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, este colectivo de víctimas ha enumerado una serie de cuestiones que "han salido a la luz" y que consideran que el Ministerio Fiscal debería conocer, aunque sostienen que, "de momento", no les "consta".

Con esto, esta plataforma de afectados pretende ayudar a "mejorar" la "imagen pública de autonomía de los fiscales" que intervienen en "asuntos con repercusión política". Y es que este colectivo cree, de igual manera que afirmó el propio fiscal de Santiago en una en marzo de 2013, que existe un "oscurecimiento" de esta imagen.

Así las cosas, la plataforma de víctimas ha subrayado la necesidad de investigar "la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)". Y es que defiende que la CIAF no cumple el artículo 21 de la Directiva Europea 2004/49/CE, que establece que "cada Estado miembro dispondrá de un organismo independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria de cualquier administrador de la infraestructura ferroviaria".

Por todo ello, este colectivo de afectados ha concluído que la autoridad judicial "no debería dar credibilidad" al informe de esta comisión, además de "exigir que se cumpla la ley".

"engaño descarado"

En esta misma línea, esta plataforma de víctimas ha solicitado, una vez más, que se investigue lo que tildan de "engaño descarado" a los usuarios de la línea de alta velocidad Madrid-Ferrol. A pesar de que el fiscal de Santiago haya indicado en su recurso que "la circulación de un tren que transporta personas comporta, por su propia naturaleza, un riesgo"; este colectivo ha defendido que no se trata de "un riesgo asumible", sino de una "estafa".

Así, este colectivo de afectados ha pedido a la Fiscalía que se asegure de "si se ha cometido algún delito de estafa o publicidad engañosa" y ha recordado que el accidente se ha saldado con 80 fallecidos y más de 140 heridos.

En lo que respecta al maquinista del Alvia siniestrado, Francisco José Garzón Amo, esta plataforma de víctimas ha instado a la Fiscalía a que investigue su "capacidad psicológica". Sobre este punto, quiere conocer si la Orden FOM/2520/2006 se "cumple estrictamente", pues en esta se "exige la valoración de la capacidad psicológica del maquinista".

Y es que el colectivo de afectados ha denunciado que "en la causa tan sólo aparece una hoja firmada por un médico de medicina general que se limita a poner apto", cuando, a su juicio, debería ser un psicólogo quien realizase esta valoración.

Homologación de material ferroviario

Asimismo, esta plataforma ha demandado al Fiscal de Santiago que investigue si "el material ferroviario cumple las condiciones de homologación exigidas por la Unión Europea (UE) y aplacables en España". Por esto, le ha pedido que dedique su atención a la normativa que regula las condiciones para la homologación de material ferroviario y a la de Especificaciones Técnicas de Homologación.

Sobre esto, el colectivo de afectados ha afirmado que, aunque "se han aportado a la causa las correspondientes autorizaciones de puesta en servicio y de circulación, no figura el informe de validación y los informes favorables de haber superado los ensayos y pruebas preceptivos, en los que han de basarse dichas autorizaciones".

A renglón seguido, esta plataforma ha pedido al citado fiscal de Santiago que "averigüe si se volvió a realizar una nueva homologación o no una vez cambiado el proyecto o desconectado el sistema de ERTMS" para saber si, en estas condiciones, "la seguridad para los viajeros era la misma".

Responsabilidades de directivos de adif

También ha instado a la Fiscalía a investigar las "responsabilidades de los directivos y del consejo de administración de ADIF", pues ha hecho hincapié en que el Alvia sufrió un atroz accidente tan solo un año después de su puesta en servicio".

Asimismo, el colectivo de afectados ha animado a la Fiscalía a investigar "si se ha cumplido el Real Decreto 2395/2004 por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial ADIF, que en su artículo 11.2 establece que la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad no podrán encomendarse a terceros".

En la carta, la plataforma de víctimas también ha pedido a la Fiscalía de Santiago una reunión para poder hablar de todo lo expuesto.