Tailandia comenzó el año 2014 como había terminado el 2013: sumida en una profunda crisis institucional, que hunde sus raíces en el año 2006, cuando un Golpe de Estado vino a poner patas arriba un complicado ecosistema de alianzas e intereses políticos y militares.

Tras un año de protestas, en enero del año en curso, el Gobierno decretaba el Estado de Excepción. Un mes después se celebraron elecciones —en medio del boicot de la oposición y de las protestas masivas— que al poco tiempo fueron anuladas (aunque, sobre el papel, ya hay otras convocadas para el mes de junio).

Tras más de cien días de turbulencias, este jueves la situación ha degenerado todavía más con el Golpe de Estado dado por el Ejército. Estas son las principales claves del conflicto que amenaza a este país asiático.

Bhumibol Ayuldadej, de 85 años, es, desde 1946, el rey de un país que ha tenido cerca de 20 Constituciones en menos de 80 años y que desde 2006 atraviesa una profunda crisis política. Ese año, un golpe de Estado acababa con el mandato de Thaksin Shinawatra, hermano mayor de la hasta ahora primera ministra, Yingluck Shinawatra, y ninguno de los Gobiernos que ha habido desde entonces ha logrado solucionar la situación.

Thaksin había llegado al poder en 2001, desde una posición ventajosa como magnate de las telecomunicaciones. Durante su mandato, los conflictos se fueron sucediendo sin solución de continuidad, siendo el de principios de 2010 uno de los más graves. Aquellos duros enfrentamientos —entre quienes demandaban elecciones y quienes apoyaban a Abhisit Vejjajiva, entonces primer ministro y líder del Partido Demócrata— se saldaron con decenas de muertos y centenares de heridos.

En este último año —2014— los acontecimientos se han precipitado. A las detenciones en masa se ha sumado la paralización del proceso electoral por la Justicia, el asalto a edificios oficiales, las manifestaciones de partidarios de cada grupo en liza y finalmente, el Golpe de Estado, de consecuencias imprevisibles.

La ley de amnistía promovida por el Gobierno en 2013 fue la gota que colmó la paciencia de miles de ciudadanos. La normativa preveía el perdón a decenas de condenados por crímenes políticos desde el 1 de enero de 2004 hasta agosto del año pasado. Esto incluía la represión llevada a cabo en 2010 por los 'camisas rojas', partidarios del depuesto Thaksin, que acabó con 92 muertos y 1.800 heridos.

Sí quedaban excluidos los condenados por delitos contra la monarquía. Los detractores de esta medida argumentaban que pretendía "blanquear" los abusos cometidos por el poder y que allana el regreso al país de Thaksin, exiliado en Dubai tras ser condenado a dos años de cárcel por corrupción en 2008.

Yingluck Shinawatra —hasta hace poco primera ministra: cesó tras una sentencia del Alto Tribunal del país el 7 de mayo— pero que  por su parte defendía entonces que el proyecto es un llamamiento al perdón para favorecer la reconciliación nacional. Su hermano también negó reiteradamente que aquella ley estuviera hecha a su medida.

Su nombre de guerra es 'camisas rojas', pero oficialmente son el Frente Unido por la Democracia Contra la Dictadura (UDD). Es un movimiento complejo, popular y al mismo tiempo apoyado por cierta élite económica (la del entorno de Shinawatra), compuesto por campesinos de las regiones menos desarrolladas del país y por los habitantes con menos recursos de las ciudades. Su objetivo es la denuncia de un Gobierno militar no democrático, como el que apunta en el horizonte tras el golpe.

Es el movimiento de la clase media urbana, opuesto a los 'camisas rojas'. Consideran a Shinawatra unfactor de inestabilidad. Su color es el de la monarquía de Bhumibol, y a él se deben.

Más oficialistas que monárquicos. Es decir, más del lado del Gobierno y opuestos a los 'camisas rojas', a quienes culpan de la delicada situación económica que vive Bangkok, sobre todo debido al retroceso del turismo. Están menos próximos a la monarquía que los 'amarillos'.

Un actor político de primer orden en la historia contemporánea del país. Ha quitado y puesto gobiernos a su antojo durante décadas. Su última acción, este jueves, dar un Golpe de Estado. No es una institución monolítica, y algunos de sus miembros secundan posiciones cercanas a las de los 'camisas rojas'.

Las protestas de los 'amarillos' están lideradas, desde hace un año y medio, por Suthep Thaugsuban, exviceprimer ministro y exparlamentario del opositor Partido Demócrata. A él se han sumado otras organizaciones, como el Ejército Dhamma, el Grupo Verde de Políticos, la Fuerza Popular Democrática para Derrocar el Thaksilismo y la Red de Estudiantes y Personas para la Reforma de Tailandia.

Thaugsuban ha expresado reiteradamente durante este tiempo su intención no solo de que Yingluck Shinawatra y su equipo dimitan y el Parlamento se disuelva, sino de lograr lo que ha denominado el fin del "régimen de Thaksin", algo que de alguna manera parece haberse conseguido tras la asonada militar. Suthep ha asegurado que no busca el poder sino echar para siempre del poder al ex primer ministro y a sus partidarios.

Decenas de miles de tailandeses le apoyan, como han demostrado los cientos de manifestaciones que se han sucedido durante estos meses, protestas en las que el número de detenidos y heridos se ha contado por miles. Las movilizaciones durante estos meses han tenido lugar mayoritariamente en la capital, y arrancaron de manera pacífica, si bien los detractores de la ley de amnistía han ido intensificando sus actuaciones, pasando de las manifestaciones a ocupar sedes del Gobierno.

La escalada de tensión en el país llevó hace unos meses a Yingluck Shinawatra a anunciar que aplicaría la Ley de Seguridad Interna en Bangkok —la capital— y varias provincias para restablecer el orden alterado por las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales. Esta ley, de 2008, permite el recorte de los derechos y las libertades civiles, según los supuestos establecidos en la Constitución, ahora derogada por el Golpe de Estado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado reiteradamente a la comunidad internacional que las manifestaciones son ilegales. El canciller tailandés, Surapong Tohvichakchaikul, ha enviado cartas con esta aclaración a la ONU y a su Consejo de Seguridad, así como a los gobiernos de varios países.

Por otra parte, durante estos últimos meses, la Justicia se ha empleado a fondo para revertir casi todas las decisiones del Gobierno de la ya exprimera ministra. No sólo anuló las elecciones que tuvieron lugar el pasado mes de febrero, sino que maniobró para que Yingluck Shinawatra tuviera que apartarse del cargo porque, según el Constitucional, violó la Carta Magna al abusar de su poder para decidir la sustitución de un alto funcionario.

El turismo es uno de los sectores económicos fundamentales de Tailandia (representa el 6% del PIB). Se calcula que desde el origen de la crisis, las pérdidas por la sangría de turistas son mayúsculas. Las continuas manifestaciones, de unos y de otros, dificulta que desde el exterior se vea el país con normalidad. EE UU y otras potencias llevan años pidiendo a sus ciudadanos que limiten los viajes a Tailandia, y si la situación evoluciona a peor, miles de personas que dependen del sector podrían sufrir graves carencias.