IU-Verdes de la Región de Murcia ha denunciado este jueves ante la Junta Electoral Provincial (JEP) la visita que realizaron este miércoles a Lorca la ministra de Sanidad, Ana Mato; el presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre; y el candidato número seis en las listas del PP, Ramón Luis Valcárcel.

La formación de izquierdas ha indicado que estos dirigentes, acompañados por el alcalde del municipio, Francisco Jódar, que también obra en la denuncia, "visitaron el centro polivalente de la Asociación de Madres y Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual (Apandis)".

Según el escrito de IU-Verdes, tanto esa visita como las declaraciones realizadas por la ministra y el candidato en el marco de la misma contravienen "de forma palmaria" lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

El citado artículo dispone que "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Con soporte en varias noticias aparecidas en los medios de comunicación, la formación denunciante señala que "la ministra, además de entregar medallas a los niños con discapacidad, ha realizado propaganda política prohibida cuando señala que el Ministerio ha recibido varios premios internacionales que avalan el trabajo que se está realizando en esta materia".

Para IU-Verdes, "estas declaraciones, que suponen una evidente alusión a una realización o logro obtenido, no son las únicas que realizaron los citados líderes del PP vulnerando la ley".

En el escrito de denuncia, su representante legal, Sergio Ramos, solicita de la JEP que "proceda a la incoación del oportuno expediente sancionador contra el PP y las personas antes aludidas".

IU-Verdes considera que "este hecho es especialmente grave porque además de contravenir el ordenamiento jurídico electoral se utiliza para ello a un colectivo especialmente sensible, como es el de las personas con discapacidad, que debería quedar ajeno a cualquier campaña electoral".