El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha recibido este miércoles a más de una veintena de investigadores franceses llegados de la Université Paris II, que están llevando a cabo una serie de estudios comparativos sobre las políticas públicas asistenciales y sociales desarrolladas en Francia y España, y ante quienes ha defendido las políticas sociales considerándolas como "una obligación y una inversión" que "generan empleo en los territorios".

Según ha explicado la Diputación en una nota, entre otras cuestiones, Reyes ha informado a estos estudiosos del "lugar que ocupa la Corporación provincial en la estructura del Estado español, su tarea de apoyo y ayuda a los pequeños y medianos municipios, especialmente los que tienen menos de 20.000 habitantes, y la labor que realiza en materia de política social".

Al hilo de la posición que la Administración provincial tiene en la estructura española, Reyes se ha referido a la reciente reforma local aprobada por el Gobierno central, una normativa impulsada "de manera unilateral" que, en su opinión, "afecta fundamentalmente a las administraciones locales, especialmente a los pequeños y medianos municipios".

Se trata de una norma que conlleva "una pérdida de autonomía local por parte del municipio, ya que será el Estado quien tome determinadas decisiones, y muchas de las competencias que hasta este momento tenían los pequeños y medianos municipios van a pasar a las administraciones autonómicas", según ha insistido Reyes, que ha citado los casos concretos de las "competencias en cultura, desarrollo local, turismo y políticas sociales", que "pasarán a la comunidad autónoma", cuando, en su opinión, "mientras más se distancia la gestión del territorio más difícil es y menor la participación ciudadana".

El presidente de la Diputación ha reconocido que "después de 37 años de democracia" en España, "posiblemente haya que sentarse a reflexionar sobre la estructura administrativa" del Estado, pero "el problema es que ese análisis no se ha hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas del país".

Reyes también ha valorado el papel "fundamental" que, a su juicio, han jugado los ayuntamientos "en el cambio tan espectacular que ha experimentado España" en el periodo democrático, subrayando que "ese cambio no hubiera sido posible sin el papel que han jugado decenas de miles de alcaldes y centenares de miles de concejales en este país, que han sido verdaderos voluntarios de la política porque la gran mayoría no percibían ni un solo euro por su trabajo en sus distintos municipios".

Respecto al papel de la Diputación, su presidente ha recordado ante los investigadores galos que "ayuda a los pequeños y medianos municipios, asesorándolos en cuestiones legales, temas deportivos, culturales", así como que "apoya con inversiones, y en colaboración con estas localidades desarrolla las políticas sociales en toda la provincia".

En todo caso, ha matizado que la institución provincial "ayuda y coordina cuando el municipio lo solicita, no por imperativo legal o porque lo diga el Gobierno de España o de la comunidad autónoma". "Siempre respetamos la autonomía del municipio si necesita a la Diputación para algo", ha apostillado.

En este contexto, se ha referido a las políticas sociales como un servicio del que el equipo de gobierno de la Diputación está "orgulloso y satisfecho de cómo funciona", tras lo cual ha detallado que los servicios sociales comunitarios prestan "colaboración y servicios a 91 de los 97 municipios de la provincia", unas políticas que "son fundamentales, sobre todo en localidades pequeñas del mundo rural, donde vivir sólo es posible si hay infraestructuras y servicios de calidad, aparte de trabajo".

En este momento, según ha puntualizado Reyes, "tanto en España como en otros países europeos se está poniendo en cuestión la continuidad del Estado del Bienestar, pero somos muchos los que creemos que no solamente es posible, sino que es imprescindible, y si en España en 1984 había una renta per cápita inferior a 5.000 euros, cómo no va a ser factible ahora cuando en 2013 esa renta per cápita era de 22.000 euros".

Para terminar, el presidente de la Corporación provincial ha hecho hincapié en el "elevado presupuesto" que esta administración destina a los asuntos sociales, 61 millones de los 214 en total que gestionará este año. "Las políticas sociales no son un gasto, son una obligación y una inversión porque además generan empleo en los territorios, un empleo que no se deslocaliza y que fundamentalmente ocupan las mujeres, que en nuestro mundo rural es el colectivo que más dificultades ha tenido para incorporarse al mundo laboral", ha concluido.

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