El sindicato CGT, convocante junto a Ustea y con el apoyo de Marea Verde de paros parciales del profesorado para este martes y este miércoles 20 y 21 de mayo, días de celebración de las Pruebas Escala, estandarizadas y que se realizan en todos los centros educativos andaluces en el 2º curso de Educación Primaria, ha cifrado en el 35 por ciento el índice de docentes que han secundado la protesta como forma de oponerse tanto a las pruebas en sí como a la existencia de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve), "claro vehículo para la privatización de la enseñanza".

Según se ha precisado a Europa Press desde el sindicato CGT, esta resistencia a la aplicación de las mencionadas pruebas se ha visto afectada por la insistencia de un sector de las direcciones de centros, "que instadas por la Agaeve han sustituido al profesorado huelguista", lo que "ha desactivado la protesta y permite denunciar maniobras antihuelga evocadoras de rancios tiempos dictatoriales".

La "presión" sobre el profesorado ha sido importante, según la central sindical, que cifra en al menos diez casos las consultas a la Agaeve por parte de las direcciones "que han sido contestadas con la más absoluta ambigüedad, al objeto de evitar que se pudieran ejercer acciones judiciales contra la dirección de esta agencia".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía han manifestado a Europa Press que las pruebas se han desarrollado en esta primera jornada "con absoluta normalidad", con un seguimiento "muy escaso" de la huelga.

La administración autonómica sostiene que los resultados de la Prueba Escala, que se realizará a unos 100.000 alumnos de 2º de Primaria de 2.526 colegios andaluces para evaluar sus competencias en escritura, cálculo y lectura, tendrán carácter confidencial, "si bien se comunicarán a las familias respectivas", y que "en ningún caso" se establecerán clasificaciones de los centros educativos a partir de la aplicación de la prueba.

Mientras que los paros se descuentan a unos diez euros la hora que, según los convocantes, podrían ser cofinanciados solidariamente por el resto de los compañeros si están de acuerdo con las razones de la campaña, se llama a las familias, por otro lado, a rellenar un escrito "dejando claro al director del centro que no queréis que vuestra hijo tenga que pasar la prueba", pues "no existe ninguna premisa legal que os obligue a aceptarla".