El Banco de Alimentos podrá continuar su labor tras pagar la sanción del INSS con contribuciones ciudadanas

El Banco de Alimentos de Valencia ha anunciado este jueves que podrá continuar su labor tras poder pagar la deuda pendiente de más de 200.000 euros por el recargo de prestaciones a la Seguridad Social como consecuencia del accidente laboral de un trabajador ocurrido en 2010 en su sede gracias a contribuciones solidarias y al apoyo de "una gran persona" que ha hecho posible el abono de esa cantidad.

El Banco de Alimentos de Valencia ha anunciado este jueves que podrá continuar su labor tras poder pagar la deuda pendiente de más de 200.000 euros por el recargo de prestaciones a la Seguridad Social como consecuencia del accidente laboral de un trabajador ocurrido en 2010 en su sede gracias a contribuciones solidarias y al apoyo de "una gran persona" que ha hecho posible el abono de esa cantidad.

Así lo ha informado la institución en un comunicado, en el que afirma que, tras unos días "angustiosos" para todos los miembros del Banco de Alimentos, a las 13.15 horas de este jueves han podido realizar el pago completo de la sanción que les impuso la Seguridad Social, lo que supone su "salvación" y la "permanencia" de su puerta "abierta a la esperanza".

"Toda piedra hace pared", ha explicado la institución, que ha destacado la "colaboración solidaria de todos los españoles que han querido aportar su grano de arena" y, en especial, en este caso, "el apoyo de una gran persona que, a través de su contribución, nos ha hecho creer otra vez en los milagros, haciendo posible saldar la sanción". La entidad, en nombre de todas las personas que la componen y de las "51.840 que reciben alimentos", ha agradecido todas las aportaciones realizadas.

El trabajador,

En estado de gran invalidez

El Banco de Alimentos hizo un llamamiento el pasado sábado a la solidaridad de la sociedad para poder mantenerse abierto tras una sanción impuesta por la Seguridad Social de 200.292,46 euros por un accidente laboral sufrido por un trabajador en diciembre de 2010 en el centro de la Pobla de Vallbona y que fue declarado en situación de incapacidad permanente con el grado de gran invalidez.

La entidad presentó una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Unión de Mutuas y el propio trabajador, —en la que alegaba que la conducta del empleado había sido imprudente y temeraria—, que recayó en el juzgado de lo social número 16 de lo Social de Valencia y que la desestimó.

En estas circunstancias, la entidad realizó el llamamiento al alegar que este importe que debía pagar, y al que no podía hacer frente, suponía que no podía recibir subvenciones por tener deudas con la Seguridad Social.

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