El Gobierno de Mariano Rajoy garantiza que perseguirá política y legalmente infracciones como la elaboración de un censo electoral ilegal como el que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña para la hipotética celebración de la consulta soberanista.

Esta es la respuesta que el Ejecutivo da a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien le preguntaba si iba a permitir a la Generalitat siga creando ese censo, si iba a requerir a su presidente, Artur Mas, la paralización del mismo y si, en caso negativo, va a utilizar los mecanismos políticos y legales previstos tanto en la Constitución como en el Código Penal.

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno asegura que tiene la obligación de "cumplir y hacer cumplir todas las leyes", así como de "perseguir y/o procurar la persecución, a través de los medios adecuados, tanto legales como políticos, de las infracciones que se cometan contra las mismas".

La formación magenta planteó sus interrogantes a raíz de que la vicepresidenta del Ejecutivo catalán, Joana Ortega, reconociese la existencia de un equipo trabajando en torno a la elaboración de su propio censo con el fin de que sea posible que los catalanes que viven dentro y fuera de Cataluña puedan participar en la prometida consulta, prevista para el próximo 9 de noviembre.

Todo este proceso, según apuntaba UPyD en su texto, cuenta al parecer con una partida presupuestaria de cinco millones de euros que, según el Govern catalán, pueden ser ampliables en función de si existe colaboración o no del Gobierno de España.