El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha abogado por mantener los servicios sociales en el territorio y por delegar todas las competencias en esta área "que sea conveniente" y "en las condiciones adecuadas y eso pasa por una financiación acorde con las necesidades de cada municipio".

Así lo ha señalado en el pleno de las Cortes de Aragón en respuesta a una interpelación formulada por la diputada del PSOE, María Victoria Broto, sobre la asunción de competencias de la Comunidad autónoma según lo previsto en la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Oliván ha opinado que el texto definitivo de la ley "resuelve muchas de las dudas que teníamos hace un año" y los cambios en la manera de implementarse los servicios sociales en el territorio van a ser "más bien escasos", ha dicho, para defender la "proximidad y atender a la media de las necesidades de cada persona".

El consejero ha recordado que se ha establecido un periodo transitorio hasta 31 de diciembre de 2015 para que las Comunidades autónomas asuman las competencias de servicios sociales, además de que la ley "mantiene en manos de los ayuntamientos" la actuación urgente en este ámbito y permite aplicar normativa sectorial, como es la Ley de Servicios Sociales de Aragón, para mantener determinadas competencias en los municipios.

Además, se posibilita que las Comunidades autónomas, una vez asumidas las competencias que hasta ahora dependían de los ayuntamientos, con la modificación previa de la financiación autonómica y local, las puedan delegar, algo que ha dicho que se hará porque "no creemos que los servicios sociales se tengan que prestar de manera diferente a la que se están prestando y para eso tomaremos todas las medidas necesarias dentro del ámbito legal".

Asimismo, ha recordado que, en este periodo transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2015, "el Gobierno de Aragón está haciendo un esfuerzo importante por mantener los convenios con los ayuntamientos" para que sigan ofreciendo los servicios como hasta ahora.

TRANQUILIZAR

Oliván ha pedido al PSOE, que "como partido serio, debería tranquilizar a sus ayuntamientos y corporaciones locales en vez de crear creencias infundadas sobre problemas que no existen". Ha añadido que "otra cosa es que pueda haber dudas en un interventor o secretario de ayuntamiento", pero estas "se resuelven consultando", para recalcar que el texto definitivo y las notas explicativas "dejan claras todas las cuestiones".

El consejero ha reiterado que la ley "garantiza" mantener los servicios sociales en el territorio "en la inmensa mayoría de las competencias que los ayuntamientos ya están desarrollando y en las que no es así seguirán haciéndolo hasta que la Comunidad autónoma no las asuma con la financiación aparejada" para su posterior delegación.

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha querido saber "qué tienen que hacer los ayuntamientos" con la nueva situación y "qué va a hacer usted", si va a gestionar estas competencias solo, para cuestionar "qué va a pasar con las ayudas de urgente necesidad" y si va a haber un plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en las corporaciones locales para asegurar la financiación.

La parlamentaria ha asegurado que "hay muchas competencias fundamentales para la vida de los ciudadanos que no son propias" de los municipios, como la ayuda a domicilio, "importante en esta Comunidad autónoma", el servicio de intervención familiar y los servicios de apoyo a cuidadores.

En este sentido, ha preguntado a Oliván "qué va a mantener, qué hace, que preocupación tiene para que todos estos servicios los sigan teniendo los ciudadanos" y, "si las delega, tiene que tener claro el plan de financiación, porque si no la delegación será nula", además de interesarse por "qué va a hacer con las competencias autorizables, que no son ni las impropias ni las delegadas".